18 de octubre de 2010
18.10.2010

Aldaia tendrá que pagar 6.000 euros a dos vecinos por los ruidos de una fábrica

El Consell Jurídic afirma que el ayuntamiento no adoptó medidas contra las molestias pese a las denuncias

18.10.2010 | 03:04

El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha emitido un informe en el que considera al Ayuntamiento de Aldaia "responsable" de los ruidos emitidos por una empresa dedicada a la fabricación de pipas de fumar y el daño moral que esta situación provocó a dos de sus vecinos que habían denunciado la contaminación acústica. Por ello, esta institución consultiva de la Generalitat propone que el consistorio pague una indemnización de 6.000 euros a los dos denunciantes por no haber adoptado las medidas necesarias para que cesara la contaminación acústica de la fábrica.
En mayo de 2003 dos vecinos reclamaron que se pusiera fin al problema de exceso de ruidos emitidos por una conocida fábrica de pipas de fumar. En octubre de 2005, el ayuntamiento requirió a la mercantil para que legalizara la actividad en el plazo de dos meses, al carecer de la licencia municipal. En enero de 2006, un informe técnico municipal recogió que los niveles sonoros en casa de los denunciantes sobrepasaban el máximo permitido. En mayo, la mercantil presentó unos escritos en los que afirmaba que tenía licencia y alegaba que el problema de la legalización era muy complejo, por lo que necesitaba más tiempo, y que al contar con licencia no necesitaba aportar un nuevo proyecto. A mediados de julio de 2006, el consistorio concedió un plazo de un mes para la aportación del proyecto de calificación de actividad y de las medidas correctoras.
El representante de los afectados interpuso entonces reclamación de responsabilidad patrimonial por no haber decretado el cese de la actividad, y el cierre del local por no estar adaptado a la legalidad, ya que la fábrica transmitía un exceso de ruido a la vivienda de los reclamantes y no estaba adaptada contra la contaminación acústica. Los dos reclamantes solicitaban 6.000 euros cada uno -finalmente, tendrá que repartirse la indemnización- por los daños morales sufridos por el exceso de ruido durante más de cinco años, y culpaban al consistorio por la "pasividad e inoperancia" a la hora de cerrar, legalizar y adaptar a la normativa de protección contra la contaminación acústica la fábrica.
Según el CJC, los informes técnicos corroboran las perturbaciones sufridas por los reclamantes, que han soportado de continuo niveles de ruido por encima de lo permitido, por lo que procede reconocer la responsabilidad del consistorio. El Consell acusa al gobierno municipal de "no actuar con diligencia, empleando todos los medios a su alcance, al no propiciar la completa cesación de la contaminación sonora". Para el CJC, el ayuntamiento se mantuvo en la "pasividad" ante la fábrica, pues "no se reaccionó más que otorgando nuevos plazos". Además, indica que conocía esta afectación y "sin embargo no fueron llevadas a cabo de manera radical la adopción de las medidas positivas en tutela de los derechos fundamentales".

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