Firmas vinculadas a Gürtel y Brugal logran más TDT

El Gobierno valenciano aprobó ayer las licencias de explotación de la televisión digital terrestre (TDT) en las últimas tres demarcaciones que aún estaban pendientes de la concesión: Dénia, Segorbe y Gandia. Sólo resta Utiel-Requena, porque su concurso quedó desierto. Estas adjudicaciones recaen sobre empresas relacionadas con las dos tramas de corrupción que salpican al Consell, los casos Gürtel y Brugal.

Segorbe cierra el imperio de TDT

El Canal múltiple 48, en la demarcación de Vall d'Uxò-Segorbe, fue adjudicado a las empresas Gestión de Medios de Valencia y Murcia SL, Grupo castellonense de Medios SL y Foto Video Tarson SL. La firma Gestión de Medios de Valencia y Murcia SL está vinculada al grupo Tele 7 Calderona, que a su vez, tiene detrás a Mediamed Comunicación Digital, creada en 2005 y de la que ha sido presidente José Luis Ulibarri, imputado en el caso Brugal. Mediamed no recibió de manera directa ninguna licencia de TDT en 2005 cuando el Consell repartió el pastel mediático, pero estaba detrás de seis empresas locales que sí resultaron beneficiarias y que, en total, sumaban 13 canales en las 14 demarcaciones en las que se divide el mapa valenciano. Con estas últimas adjudicaciones el grupo mediático ya tiene televisiones en todas la Comunitat.

Gandia, de Ulibarri a Torró

En cuanto al Canal múltiple 26, en Gandia, se ha adjudicado a Comarques Central Televisió SL, Inversiones Especiales del Mediterráneo SL y Gestión de Medios de Valencia y Murcia SL. Inversiones Especiales del Mediterráneo, S.L., es la denominación societaria de la televisión local Tele 7. La emisora, que emite actualmente en analógico, fue adquirida por empresarios locales al entonces propietario de la red de televisiones Tele 7, José Luis Ulibarri, en una operación apadrinada por el portavoz local del Partido Popular, Arturo Torró. Y esto, se une a que la conselleria sigue bloqueando la concesión de la licencia para el cuarto de los canales previstos, el único de titularidad pública. Hecho que el gobierno gandiense considera una provocación.