El proceso judicial y la querella de la Fiscalía que motivaron el registro de las dependencias municipales el pasado jueves, así como la retirada de los expedientes vinculados a los sectores urbanísticos que se investigan, tiene su origen en la denuncia de un particular, interpuesta hace menos de un año. En ella, el denunciante aseguraba que el ayuntamiento había dejado de ingresar 5,6 millones de euros correspondientes a los excedentes de aprovechamiento urbanísticos de dos manzanas del PAI de la Playa. Finalmente la querella del Fiscal rebaja esa cifra a unos 600.000 euros.
En la denuncia original, se apuntaba además un posible "trato de favor" con algunos constructores, ya que en las dos manzanas no se aplicó el mismo valor unitario del excedente de aprovechamiento, a pesar de que ambos convenios se había firmado con apenas cinco meses de diferencia y se encuentran en la misma área de reparto. En concreto, la denuncia explicaba que a una de las mercantiles se le aplicó un valor de 204,09 euros por el metro cuadrado/techo o unidad de aprovechamiento para la manzana 23, mientras que a los promotores de la manzana 19 se fijó en 646,08 euros, cinco meses después.
