El ajuste de la plantilla municipal que quiere acometer el equipo de gobierno del PP de Alboraia ya tiene cifras definitivas y una fecha para empezar a ejecutarse. El próximo lunes, el pleno municipal debatirá la aprobación del presupuesto de 2011, así como el sometimiento a información pública del plan de empleo y el inicio del Expediente de Regulación de Empleo (ERE). 44 trabajadores se verán afectados por ajuste laboral, 25 de ellos mediante el ERE.

Según adelantó este periódico a principios de este mes, el gobierno que preside Manuel Álvaro estaba estudiando la posibilidad de abrir un ERE como medida para reducir el gasto en personal del ayuntamiento -8.050.391,34 euros en los presupuestos de 2010, lo que representaba entonces el 43,7% de los gastos-, tal como recomienda el Plan de Estabilidad Presupuestaria. Este plan fue aprobado en 2008 para reducir la importante deuda que arrastran las arcas municipales y que esta año ronda los 20 millones de euros.

Finalmente, el plan de empleo que el PP propondrá el lunes -y que, previsiblemente, será aprobado gracias a la mayoría de concejales de este partido- supone la finalización de la relación laboral con el ayuntamiento de 35 trabajadores, más otros 9 de la empresa municipal. En total 44, según explicó ayer el concejal de Hacienda, Juan José Gimeno, 21 menos de los que se habían anunciado en un principio. Con esta medida, el ayuntamiento prevé un ahorro de alrededor de 1,1 millones de euros.

De estos 44 trabajadores que irán a la calle, seis ocupan actualmente un puesto como asesor, o personal de confianza, y 13 son funcionarios interinos. La principal diferencia entre un funcionario fijo y uno interino es, precisamente, que el puesto que ocupa este último no es vitalicio pese a que también suelen obtener su puesto mediante oposición o concurso-oposición.

Serán los asesores y los interinos quienes se queden en 2011 fuera del ayuntamiento sin someterse al criterio de la autoridad laboral al verse afectados por el ERE. El expediente de regulación afectará a 25 miembros del personal laboral del consistorio, que son los empleados públicos que se someten al Estatuto de los Trabajadores, exactamente igual que cualquier trabajador del sector privado.

Una vez el pleno municipal apruebe el lunes la medida, la Dirección General del Trabajo tendrá 30 días para comprobar la idoneidad del ERE y si cumple todos los requisitos. Mientras, el equipo de gobierno del PP negociará con los sindicatos los puestos que se verán afectados por la regulación para que ningún servicio se quede sin ninguna plaza. Los resultados de estas negociaciones se trasladarán como enmienda a la autoridad laboral para que se incluya en el expediente.

Juan José Gimeno volvió a justificar ayer la necesidad de reducir la plantilla municipal en el hecho de que el ayuntamiento ingresa mucho menos dinero que hace unos años "y, por lo tanto, tiene que dejar de prestar varios servicios que prestaba antes. No tiene sentido rebajar los servicios pero mantener el mismo número de trabajadores". Por su parte, tanto el PSPV como el Bloc han destacado que estos recortes laborales son el fruto de la mala gestión realizada por el PP en los últimos años y el incumplimiento de sus expectativas.