24 de febrero de 2011
24.02.2011

Alginet pagará 3,6 millones a los vecinos de una urbanización por no embargar al promotor

El TSJ condena al ayuntamiento al creer que la cancelación del decomiso al constructor por no acabar las obras perjudicó a los propietarios

24.02.2011 | 01:00

La sección primera de la sala de la Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) acaba de condenar al Ayuntamiento de Alginet a indemnizar a los vecinos de la urbanización Los Lagos por adoptar, en 1997, un acuerdo que perjudicaba los intereses de los residentes, unos tres mil en la actualidad.
La cantidad que deberá afrontar el consistorio no queda determinada en la resolución, aunque conocedores de los larguísimos pleitos que han mantenido los vecinos, la promotora Suelo Español -que dejó a medio acabar la urbanización en los años 80- y el ayuntamiento, calculan que esa cantidad rondaría los 3,6 millones de euros y que podría alcanzar incluso los cuatro.
En un denso auto fechado el 10 de enero de 2011 al que ha tenido acceso Levante-EMV y que ha requerido incluso una petición de aclaración al TSJ por parte de los afectados, los cuatro magistrados y el presidente de la sala, Edilberto Narbón, concluyen que la sentencia dictada el 22 de julio de 2002 que anulaba un acuerdo del Ayuntamiento de Alginet para cancelar un embargo a Suelo Español SA es inejecutable por lo que abren la vía a la indemnización a la Sociedad Civil Particular, asociación que agrupa a la mayoría de los vecinos de la zona.
Los magistrados señalan que es imposible restablecer la situación en que se encontraba la urbanización en 1988 cuando se inscribió el embargo contra Suelo Español que el ayuntamiento canceló en 1997 y que motivó el pleito porque desde entonces se han practicado numerosas enajenaciones y subrogaciones de parcelas, más de 100.000 metros cuadrados entre 1988 y 1997, según detalla el auto, lo que impide ejecutar la sentencia de 2002.
Aquel acuerdo del Ayuntamiento de Alginet, que el PSPV gobernaba con mayoría absoluta y en el que José Vicente Alemany ostentaba la vara de mando, no debió tomarse y ahora el municipio deberá pagar por ello, es lo que, en esencia, plantea el juez.
Como aquel embargo cancelado ascendía a más de 243 millones de pesetas, los magistrados señalan que hay que actualizar esa cifra al Índice de Precios al Consumo (IPC) por lo que la cantidad a indemnizar rondaría los cuatro millones de euros, según las fuentes. El auto recuerda que en 1997, el ayuntamiento aprobó una cancelación de embargo a Suelo Español que comportó una liberación de cargas y la drástica disminución de las garantías que la urbanización tenía contra la promotora Suelo Español.

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