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Tres de los cuatro municipios de la Ribera en los que se detectaron irregularidades en el censo municipal en 2007 todavía esperan que se resuelvan los procesos judiciales abiertos a instancias de los partidos de la oposición.

En Benimuslem y en Antella fue el PSPV-PSOE el que tomó la iniciativa y denunció los empadronamientos irregulares.

En ambos casos, los alcaldes estaban en el punto de mira, al registrar como residentes en sus domicilios a personas forasteras. En total fueron una decena de casos en Antella, mientras que los socialistas de Benimuslem advirtieron 64 registros sospechosos.

El regidor del PSPV en este pueblo, Juan Carlos Benedito, recuerda que «el PP ganó la alcaldía por solo un regidor», lo que da una idea de la importancia de los empadronamientos en los pueblos pequeños. También en Antella el PP logró la alcaldía por solo un voto, pues de haber ido éste a los socialistas hubieran obtenido un tercer edil y hubieran podido pactar con Gent d´Antella y conseguir la alcaldía en esta localidad que, este año, vuelve a estar envuelta en las sospechas tras alertar el Instituto Nacional de Estadística del aumento significativo e injustificado de residentes en los seis meses previos a la convocatoria de elecciones, con el empadronamiento de 18 familiares directos de la alcaldesa, Mª Isabel Giménez.

Alberic es el único municipio en el que el proceso ha avanzado un poco más. Como adelantó Levante-EMV el jueves, el ex alcalde Enrique Carpi (PP) ha sido llamado a declarar el próximo 1 de junio por el juez como imputado por un presunto delito de empadronamiento irregular.

Junto a él, el juez ha llamado también como imputados al exjefe de la Policía Local y al asesor de seguridad del exmunícipe a raíz de la denuncia presentada por Iniciativa per Alberic ante la Fiscalía.

Por contra, en Benicull de Xúquer, Esquerra Unida denunció irregularidades en el padrón: 13 personas repetidas y 5 ó 6 vecinos que ya habían muerto, lo que se corrigió.