Voro Contreras

alboraia

Aquel jueves 28 de abril el vicepresidente económico de la Generalitat, Gerardo Camps, no tenía pensado hablar sobre el Expediente de Regulación de Empleo de Alboraia. El día anterior se había reunido en Madrid con la ministra de Economía, Elena Salgado, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, ya en Valencia, su intención era hablar del Fondo de Competitividad; pero no pensaba en los 29 empleados laborales que el consistorio alborayense planea echar para reducir su abultada deuda.

Pero cuando compareció ante la prensa salió el tema de los ajustes laborales en las empresas públicas y, con él, la cuestión de Alboraia, el primer expediente laboral de una institución pública planteado en la Comunitat Valenciana. Entonces cuando el conseller dio la campanada:la Generalitat no veía "conveniente" el proceso, y "de hecho, el ERE va a ser retirado", afirmó.

Hasta el martes siguiente no se esperaba la respuesta oficial de la Dirección de Trabajo sobre el expediente de Alboraia. Por eso la respuesta de Camps dejó descolocado a todo el mundo, empezando por los trabajadores y acabando por el alcalde de Alboraia, compañero de partido del conseller. Y eso que, según Camps, en las negociaciones sobre el expediente, el gobierno autonómico, que actuaba como administración laboral, ya había dicho "que no debía producirse ese ERE".

"En ningún momento en las reuniones que hemos tenido, desde el Consell se nos ha dicho, ni oficialmente ni extraoficialmente, que estén en contra del ERE, ni tampoco que lo vayan a denegar o a aprobar", desmentía el alcalde Manuel Álvaro. "Lo único que nos ha llegado de forma extraoficial es que puede que tengamos que presentar información adicional o subsanar alguna documentación".

Mientras el edil de Alboraia intentaba reaccionar ante el fuego amigo, muchos trabajadores municipales observaban desconfiados después de meses acechándoles la sombra del paro. En 2010 ya se llevó a cabo un plan de empleo con una docena de despidos de interinos y laborales, poca cosa para una plantilla que en los últimos años había crecido al mismo endiablado ritmo que la deuda de las arcas municipales o las ínfulas urbanísticas de su gobierno.

En 2010, el gasto en personal del ayuntamiento era de 8 millones de euros, lo que representaba el 43,7% de un presupuesto al que acompañaba una deuda de alrededor de 20 millones. Grandes empresas como FCC y Lubasa reclamaban varios millones al ayuntamiento, e incluso la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos llegaba a los tribunales para obligar al PP local a saldar sus deudas.

Ante esta situación, el equipo de gobierno del PP decidió recortar en esa masa laboral que dependía de él. Contrató a una consultora que estableció como prescindibles 44 de los 179 puestos de trabajo municipales. Es decir, cerca del 20% de la plantilla.

De esos 44 empleados, 29 han sido incluidos en el ERE. Uno de ellos es una administrativa de 38 años que accedió a su puesto hace 8 años, el último de los cuales ha estado protagonizado por una incertidumbre que, para su desgracia, se hizo realidad en diciembre. "Antes ya se comentaba que había una lista, pero nadie nos confirmaba nada -explica esta trabajadora que ha preferido mantenerse en el anonimato-. Un día nos dijeron que estaban claros los nombres de la lista, pero éramos nosotros los que teníamos que llamar a los sindicatos para que nos dijeran si estábamos incluidos. Yo llamé, pregunté "¿estoy", y me dijeron "sí". Así de fácil. Desde entonces nadie me ha dicho nada. Sé que estoy en el ERE y que mi empleo está en el aire, pero yo sigo viniendo a trabajar todos los días a las ocho de la mañana".

Aumenta la incertidumbre

Las palabras de Camps no supusieron un alivio para los trabajadores, sino que han aumentado aún más la incertidumbre. Tras el aturdimiento inicial, el alcalde reaccionó rápido y al día siguiente pidió un nuevo plazo para estudiar alternativas. La concesión de la prórroga ha sido, según los sindicatos, algo nunca visto en este tipo de procesos. "Pero hubiéramos preferido que se cumplieran los plazos y saber ya cual es nuestro futuro -explica la administrativa-. Mucho me temo que no van a tocar nada hasta después de elecciones".

Un expediente ya no tan imprescindible

Cuando se le planteaba la posibilidad de que el Consell tumbara su ERE, el alcalde Manuel Álvaro siempre respondía que la ejecución de su plan laboral era "imprescindible", y no llevarlo a cabo supondría un "grave desequilibrio" en las cuentas municipales. Eso lo dijo un mes antes de que Gerardo Camps anunciara la retirada del ERE. Ahora, la petición de una prórroga para buscar alternativas parece demostrar que este expediente no es tan imprescindible. Por si acaso, los sindicatos continúan con sus movilizaciones.