La "gallina de los huevos de oro" que hasta hace unos años representaba el urbanismo dejó de poner cuando en 2007 estalló la burbuja inmobiliaria, pero aún así todavía hoy quedan consistorios que se resisten a dejar pasar la oportunidad de engrosar la caja municipal con los impuestos que esta actividad genera. Sin embargo, en el caso del Ayuntamiento de Llíria, los tributos que cobra al grupo de propietarios por los terrenos incluidos en un PAI anulado por la justicia son de dudosa legalidad. Se trata de las parcelas del proyecto Coto de Català, consideradas en el catastro de naturaleza jurídica urbana, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) lo anuló en 2009. Una decisión avalada posteriormente por el Tribunal Supremo (TS).
La reclasificación de su propiedad y las posteriores alteraciones catastrales, obligan a los afectados a triplicar el impuesto que pagaban como suelo rústico y, por ello, reclaman al ayuntamiento la devolución de las facturas. Según los propietarios, si el instrumento urbanístico por el que se modificó la naturaleza del suelo ha sido invalidado, la liquidación del impuesto también debería estarlo. Para ello se amparan en la decisión del TSJCV de 2009 que dejó sin efecto el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia de 2005, que reclasificaba a suelo urbanizable, pero también en la sentencia firme del TS del 25 de febrero de 2010 que declaró nula la aprobación del PAI, la alternativa técnica, la adjudicación a la mercantil Maimona (participada por la familia Cotino) y, por ende, el proyecto de reparcelación y de urbanización posteriores.
Para los propietarios la nulidad de la aprobación y adjudicación del PAI, supone la retroacción de la situación al momento anterior al pleno del 2006 anulado.
Una zona protegida convertida en solar
El proyecto urbanístico de Coto Català fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Llíria el 19 de enero de 2006, tras desproteger una zona que había sido preservada por la Conselleria de Medio Ambiente uno años antes. En 2009 la Agrupación de Interés Urbanístico Tos Pelat que congrega a los propietarios de los terrenos afectados y el Centro de Acuicultura Experimental (CAE) denunciaron por sexta vez su ilegalidad, tras la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación y, a la espera de la sentencia del TSJ, se iniciaron las obras en el mes de marzo. Un mes más tarde, el tribunal anuló el PAI pero aún así las obras continuaron respaldadas por una sentencia que todavía no era firme. No fue hasta 2009 cuando el alto tribunal valenciano anuló definitivamente el plan, decisión que fue ratificada por el Supremo en marzo del año pasado.
