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La depuradora comarcal se ha quedado pequeña cuando no lleva ni cuatro años en funcionamiento y la mancomunidad de usuarios que agrupa a los ayuntamientos de Alzira, Carcaixent, la Pobla Llarga y Villanueva de Castellón ya ha empezado a plantearse la posibilidad de solicitar una ampliación al Ministerio de Medio Ambiente, si bien la prioridad actual es obtener de una vez la autorización de vertidos -de la que todavía carece pese a que está en funcionamiento desde octubre de 2007- para normalizar su situación y reducir el importe del canon que la Confederación Hidrográfica del Júcar les pasa al cobro, ya que al considerar el caudal que sale de la depuradora como vertido no autorizado al río aplica el coeficiente de mayoración en su valor máximo. La obtención de este permiso permitiría reducir de 1,8 millones a 325.000 euros el canon anual que la CHJ reclama a los ayuntamientos y que ha dado lugar a sucesivos recursos por disconformidad con el elevado importe. La advertencia sobre el exceso de aguas que trata la planta la ha realizado la propia Entidad de Sanejament d'Aigües Residuals (Epsar).
