El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria publicó el pasado mes de diciembre un edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia en el que notifica a centenares de vecinos y empresas que deben comparecer en las dependencias municipales dentro de las 15 días naturales siguientes a la publicación del referido edicto, para pagar los recibos del IBI que tienen pendientes, multas de tráfico y otros tasas municipales como el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. La mayor parte de los afectados son particulares, que adeudan el Impuesto de Bienes Inmuebles, cerca del 90 por ciento de los casos.

En total hay cerca de 700 expedientes, de los que destacan una entidad bancaria, que adeuda 9 recibos del IBI; una conocida promotora valenciana, que debe 20 pagos; una constructora a la que reclaman siete liquidaciones; o dos urbanizadoras que tienen que hacer frente a 6 y 5 recibos del IBI. Según ha podido comprobar Levante-EMV, no menos de un centenar de negocios y empresas, tienen que pagar aún la tasa inmobiliaria al consistorio dirigido por el popular Francisco Tarazona. Tal como se especifica en la providencia de apremio del consistorio del Camp de Turia, al no haberse podido notificar a los interesados que deben hacer frente a estos tributos, y por haber tratado de localizarlos hasta dos veces, sin éxito, el ayuntamiento de Riba-roja recurre al edicto en el BOP para informarlos de los expedientes abiertos contra ellos.

Los contribuyentes afectados tenían 15 días naturales a contar desde el 22 de diciembre para personarse en los procedimientos en curso. Entre la lista de particulares, llama la atención un nombre, el de Asunción Quinzá Alegre, la actual secretaria autonómica de Goberna?ción y mano derecha del conseller Serafín Castellano. Esta alto cargo del PP es sobradamente conocida en Riba-roja y por el equipo de gobierno popular. No en vano es la presidenta del PP y concejala en l'Eliana, y durante varios años fue diputada en les Corts. A Quinzá se le reclama un recibo del IBI. Por su parte, una portavoz del consistorio señaló ayer a este periódico que la publicación de estos 700 expedientes de obligado tributario en el BOP, responde a un procedimiento previsto en la Ley General de Tributación, y le quitó importancia, "pues se realiza en muchos pueblos".