Alberic cambió ayer de alcalde, aunque la investidura de Toño Carratalá tendrá que pasar el filtro de los tribunales. Los seis concejales díscolos del PP y los cuatro de Coalición Valenciana aprobaron la moción de censura contra el popular Faustino Sala a pesar de la advertencia de ilegalidad realizada por la secretaria accidental, que alertó a la mesa de edad que presidía el pleno de que no debía seguir con la tramitación al considerar que la expulsión de tres de los ediles provoca que se incumplan los requisitos que exige la ley y, a su juicio, dejaba sin sentido que se sometiera a votación.
Los integrantes de la mesa de edad, Mª Ángeles Galdón y Bernat Hervás, dos de los firmantes de la moción de censura, esgrimieron un informe jurídico externo que argumentaba que no se puede equiparar la pérdida de la condición de afiliado con la expulsión y que la sanción comunicada no es "ni definitiva ni firme", por lo defendieron que no han cambiado las circunstancias que llevaron a la secretaria a aceptar la moción de censura y ordenaron que continuara el pleno, momento que Sala y los seis concejales de IXA-EU, PSPV y AIA abandonaron el salón de sesiones al considerar que se iba a incurrir en una ilegalidad. El PP anunció que no reconoce un acto que considera nulo de pleno derecho y, por boca del presidente de la gestora local, Blai Albarracín, denunció que se había cometido un "flagrante delito" de prevaricación. Los populares mantendrán el contencioso contra la moción de censura para "restituir a Sala en la alcaldía lo más pronto posible" después de que el juez no atendiera la solicitud de suspensión cautelar del pleno y autorizara su celebración.
El pleno continuó con solo los diez ediles que conformarán el nuevo gobierno, que procedieron a la elección de Carratalá como alcalde ante un público que llenaba el salón y que, de forma mayoritarira, aplaudió el relevo.
Las primeras palabras de Carratalá antes de su investidura fueron para defender que el proceso respeta la legalidad y que la moción de censura era la "única forma" de sacar al ayuntamiento de la crisis institucional que arrastra al dar paso a "un gobierno estable, fuerte y capaz de tomar decisiones". Carratalá, que no dudó en presentarse como miembro del PP, detalló poco después que una sentencia delConstitucional establece que para acordar la expulsión de un partido político se tiene que incoar un procedimiento contradictorio y cumplir unos plazos que en este caso se han ignorado, dijo, y señaló que los propios estatutos del PP regulan que una expulsión recurrida deriva en una suspensión de militancia a la espera de la resolución del caso. En ese momento desveló que los ediles habían impugnado en la mañana de ayer su expulsión del PP.
Decidirán los tribunales
Ante el embrollo jurídico que rodea la moción de censura de Alberic, serán los tribunales los que decidan si la participación en la moción de censura de los tres concejales expulsados -Toño Carratalá, Francisco Bernal y Benjamín Nogués- incumple los requisitos que impone la ley para evitar el transfuguismo. El PP ha notificado tres veces en la última semana la expulsión de los ediles. La última, ayer, apenas una hora antes del pleno, estaba firmada por el gerente provincial del partido y comunicaba que estos ediles habían perdido la condición de afiliados y habían sido expulsados.
Carratalá defendió la legitimidad del nuevo gobierno ya que, según argumentó, está integrado por las dos candidaturas más votadas y señaló que en el momento en que el alcalde destituyó a los seis concejales del PP "fue en contra" del mandato popular. "No hay alternativa política", dijo el nuevo alcalde
"Me he salido porque no quería ser cómplice de un acto ilegal"
"No quería ser cómplice de un acto ilegal". Con estas palabras explicó Faustino Sala su decisión de abandonar el pleno de la moción de censura antes de que comenzara la votación en la que fue destituido. Siguieron sus pasos los ediles de IXA-EU, PSPV y el independiente Emilio Salmerón, que se ha acabado afiliando al PP, y todos juntos comparecieron en una rueda de prensa en el despacho de alcaldía antes de desalojarlo a última hora de la mañana.
El ya exalcalde de Alberic señaló que se había limitado a cumplir las directrices de la secretaria accidental del ayuntamiento: "Ha dicho que era una ilegalidad y que se podía incurrir en un delito de prevaricación", incidió Sala, que mantuvo un pequeño rifirrafe con la concejal Mª Ángeles Galdón, que presidía el pleno como concejal de mayor edad, y que le negó de forma repetida la palabra cuando Sala trataba de preguntar si la sesión iba a continuar pese a la advertencia realizada verbalmente por la secretaria accidental del ayuntamiento. "Si me hubiera quedado ya no hubiera podido abandonar la votación", indicó Sala, ya que así lo marca la ley. p. f. alzira
