25 de enero de 2012
25.01.2012

Gandia pagará 91 millones a Aguas de Valencia por la rescisión de dos contratas

El PP dice que las concesiones de agua y alcantarillado son inviables y culpa al anterior gobierno local

25.01.2012 | 11:56

El Gobierno de Gandia, del Partido Popular, tomó ayer una de esas decisiones difíciles de explicar en tiempos de crisis: rescindir las contratas en vigor del abastecimiento de agua potable y de la red de alcantarillado, aún a sabiendas de que eso va a implicar que el ayuntamiento se comprometa a pagar 91,3 millones de euros de indemnización que van a hacer que la deuda municipal se eleve ya hasta rozar los 400 millones. El ejecutivo que preside Arturo Torró asegura que no le queda «más salida» que esta y, para ello, se apoya en informes técnicos que alertan de la imposibilidad de cumplir el actual contrato en vigor. La resolución de las dos contratas se lleva a cabo de común acuerdo con Aguas de Valencia, que es la concesionaria en ambos casos. Ahora, el ayuntamiento sacará a concurso nuevamente ambos servicios, aunque esta vez de forma conjunta.

El Ayuntamiento de Gandia adjudicó, a principios de 2008, el servicio de abastecimiento a Aguas de Valencia, que abonó al consistorio 55 millones de euros en concepto de canon anticipado. En enero de 2010, se repitió el mismo procedimiento para encomendar, a la misma empresa, el mantenimiento de la red de alcantarillado, con otro canon de 12 millones. Ambas contratas llevaban aparejados sendos planes directores de obras, en los que debían invertirse los respectivos cánones. Sin embargo, los 67 millones que sumaban los dos pagos anticipados «se gastaron en facturitas varias, y ni un solo euro se destinó a las obras de los planes directores», según denunció el portavoz del Gobierno local, Víctor Soler, para quien se demuestra que el anterior alcalde, José Manuel Orengo (PSPV, ), ha sido «el peor de la historia de la ciudad». «Ahora hay que acometer esas obras para asegurar la calidad del agua y el alcantarillado para años futuros, y no está el dinero», incidió.

El Gobierno local difundió ayer el informe jurídico que sustenta su decisión, y que se apoya a su vez en otros informes del ingeniero municipal y de los servicios económicos del ayuntamiento.

Dicho informe concluye que es un «hecho incontestable» que resulta «imposible» ejecutar los planes directores de agua potable y alcantarillado sin subir las tarifas, dada la actual situación financiera del consistorio. Y como no subir las tarifas «forma parte de nuestro ADN político y era un compromiso electoral» del PP, expuso Soler, el Gobierno local opta por la otra salida apuntada en el informe: la rescisión contractual.

No obstante, ésta se llevará finalmente a cabo de común acuerdo entre ayuntamiento y empresa, que han estado negociando este asunto en los últimos tiempos. Inicialmente, Aguas de Valencia reclamaba una indemnización de «casi 100 millones», según desveló el concejal no electo Javier Reig; finalmente, la cifra pactada queda reducida ligeramente, a 91.271.559 euros.

En una «primera evaluación» tras conocerse la decisión del Gobierno local, el concejal Vicent Mascarell (PSPV) la calificó de «locura, tanto en términos económicos como políticos». Una medida que, en su opinión, supone además situar a Gandia como «una de las ciudades más endeudadas de todo el Estado» y hacerlo «a cambio de nada».El paso anunciado ayer es «imprudente y tiene como objetivo atacar al anterior gobierno» de la ciudad. Mascarell defendió las dos contratas establecidas en la pasada legislatura, que aportaron «una importante inyección económica para la ciudad» en tiempos de crisis.

Los toldos de las terrazas tendrán el mismo color
El Ayuntamiento de Gandia anunció ayer una nueva ordenanza que afectará a las terrazas de los bares, cafeterías y restaurantes de la ciudad. El texto pretende unificar la estética de los espacios al aire libre de estos establecimientos, con el objetivo de que las calles de la ciudad sean más homogéneas «y más atractivas y agradables», según señaló el concejal de áreas de Alcaldía, Javier Reig. Los toldos y parabanes de todas las terrazas de la ciudad deberán tener la misma tipología y color. Los establecimientos tendrán seis meses para adaptarse a la nueva normativa, cuyo color ya está estipulado por el Gobierno local y será el blanco roto.
s. g. gandia

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