El equipo de gobierno cuatripartito de Alboraia llevó ayer al pleno el inicio de un expediente de valoración de los bienes patrimoniales propiedad del ayuntamiento, así como la apertura de otro expediente para la «desafección» de los bienes afectos al servicio público, es decir, los edificios desde los que actualmente se ejerce la administración municipal. De esta forma el gobierno local intentará identificar de que edificios puede prescindir para hacer frente a la ejecución forzosa de los embargos que se le avecinan por la situación de «bancarrota» en la que se hallan las arcas municipales, según explicó ayer la concejal de Hacienda Mamen Peris (UPPA).
La situación es gravísima y puede ir a peor, según reconoció la regidora. El 19 de enero el ayuntamiento recibió el auto del juzgado de lo Contencioso número 8 de Valencia obligándole a pagar a Omnium Ibérica —la anterior concesionaria del servicio del agua potable— una deuda de 1.666.031,50 euros que la empresa reclama desde 2006. La firma tenía la adjudicación de la gestión por un periodo de 25 años, pero en 2004, cuando sólo llevaba ocho años trabajando con en Alboraia, el gobierno del PP que entonces presidía Manuel Álvaro (ahora concejal en la oposición) rescindió el contrato para adjudicarle la gestión a Aqualia.
«El ayuntamiento recibió de Aqualia 6,5 millones de euros directamente para tesorería, con los que se podría haber pagado los 1,1 millones que en ese momento reclamaba Omnium por haberse quedado sin la contrata —aseguró ayer Peris—. No sabemos en qué invirtió Álvaro los 6,6 millones pero prefirió no hacer caso a Omnium y sólo ofreció 400.000 euros por la rescisión. Ahora, por culpa de esto, con las costas judiciales y los intereses tenemos que pagar 1,66 millones o nos embargan».
«Si embargan, no hay nóminas»
Así, y por orden del juez, el ayuntamiento paga en las próximas dos semanas o se procederá al embargo, que puede afectar tanto a fondos como a bienes patrimoniales. «Si nos embargan los fondos el ayuntamiento se bloquea porque ni podremos pagar nóminas ni ofrecer servicios», alerta Peris.
En cuanto al patrimonio, según la edil, el ayuntamiento dispone de 10 locales en el barrio Rei en Jaume, cuyo valor según la edil de Hacienda ronda los 200.000 euros en total, y la alquería de Santa Bárbara, que iba a ser sede de la Denominación de Origen de la Chufa. El ayuntamiento invirtió 600.000 euros en la remodelación inacabada de este inmueble, pero aún debe 400.000 a la firma responsable del proyecto. El resto de edificios es de servicio público —y, por lo tanto, si no se desafecta el gobierno local no podrá disponer de él— o es propiedad de la empresa municipal Egusa.
