Angustias Cobo tiene 67 años y, desde los 23, vive sin piernas. Las perdió tras sufrir un aborto que se complicó, la mantuvo varios días en la UCI y le provocó una infección tan intensa como para que se le gangrenasen ambas extremidades y tuvieran que amputárselas. En 2001 se le reconoció "un grado de minusvalía del 75%" y, al entrar en vigor la Ley de Dependencia, la Conselleria de Bienestar Social estableció que tenía una dependencia de "grado 3 y nivel 1", es decir, de las consideradas "severas". Por ello cobra desde entonces 416 euros al mes.

En la última revisión las circunstancias de Angustias no habían variado ni un ápice -"no, siguen sin crecerme las piernas", bromea ella- y, sin embargo, el Consell determinó hace apenas unos días que su situación había mejorado notablemente, tanto como para modificar a la baja su dependencia hasta dejarla en una de "grado 1 y nivel 1", de carácter "moderado" y por la que no se abona ningún tipo de ayuda económica.

"No tienen vergüenza -protesta la mujer-. Dicen que estoy mejor para quitarme la pensión, cuando, en su momento, me la dieron por no tener piernas y, desde luego, puedo asegurar a quien sea que no me han salido unas nuevas". De hecho, lejos de mejorar, Angustias ha empeorado "por la edad" y por "otros achaques" como la osteoporosis, que le ha llevado a perder gran parte de la movilidad del brazo izquierdo, del que incluso ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente.

"Cada vez me cuesta más moverme", detalla. "De unos tres años a esta parte, lo he notado una barbaridad. Con este brazo (el que tiene prácticamente paralizado) apenas puedo hacer nada. Ya no tengo casi fuerza y necesito ayuda constante para moverme".

Se traslada en un pequeño taburete con ruedas con el que se desplaza de una habitación a otra de su casa, sita en el Barrio de San Jerónimo, en Quart de Poblet. Salir a la calle, sin embargo, es misión imposible si no está su marido, Eladio. "Hay tres escalones en el portal que no puedo salvar si no me bajan en el carro", explica.