23 de mayo de 2012
23.05.2012

El juez eleva a 21 los imputados por corrupción urbanística en Montroi

La investigación cifra en 230 las víctimas que compraron chalés en suelo no urbanizable

24.03.2012 | 01:00

El juzgado de instrucción número 1 de Picassent ha aumentado a 21 el número de imputados en la investigación abierta por un presunto caso de corrupción urbanística por la construcción y venta de chalés en suelo no urbanizable enMontroi y ha identificado a 230 posibles víctimas, mayoritariamente jubilados ingleses y alemanes, aunque también hay españoles entre los compradores de estas viviendas ilegales.
La investigación que inicialmente se inició en la zona conocida como Els Mallars o Canyà la Murta, donde se concentran la mayor parte de estos chalés, se amplió con posterioridad al área de les Valletes y se centra sobre 110 viviendas. El hecho de que en muchos casos los compradores tengan una hipoteca compartida dispara el número de afectados. El juzgado prosigue las diligencias dos años después de que se destapara este caso en el que están como imputados el actual alcalde de Montroi, Antonio Polo, y su antecesor, Francisco Javier Carrión. La ampliación de las investigaciones a otras partidas de Montroi que el juez ordenó hace un año ha incrementado en 6 el número de imputados y no se descarta que la lista se amplíe aún más con otras personas que se encuentran bajo investigación.
El juez suspendió la semana pasada el interrogatorio a una trabajadora de la promotora Morarim que prestaba declaración como testigo para citarla de nuevo como imputada. Ayer declaró uno de los tres notarios que aparecen como imputados en la causa, en la que también figuran con la misma condición un registrador de la propiedad, cinco arquitectos, un abogado, un ingeniero industrial y varios constructores y promotores. La relación de presuntos delitos que se imputa a los implicados abarca desde estafa y prevaricación a falsedad en documento mercantil pasando por delitos contra la ordenación del territorio, intrusismo profesional, delito contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y cohecho.
La investigaciónde la Fiscalía de Medio Ambiente y el juzgado de Picassent salió a la luz pública el 3 de febrero de 2010. Ese día, Montroi amaneció tomada literalmente por la Guardia Civil, que registró el ayuntamiento, el domicilio del exalcalde y entonces todavía concejal del PP Francisco Javier Carrión y dos empresas en busca de expedientes y licencias vinculados a la construcción de 80 viviendas en la zona de Els Mallars.

Un sumario con casi 30.000 folios
En febrero se cumplieron dos años de la operación que la Guardia Civil desplegó en Montroi para simultanear el registró del ayuntamiento y la vivienda del exalcalde Carrión, entre otros inmuebles, y el juzgado mantiene abiertas las diligencias de un sumario que cuenta ya con cerca de 30.000 folios, según detallaron fuentes próximas al caso, y que todavía no está cerrado. El juzgado de Picassent ha tenido que depurar la documentación que han ido aportando las víctimas, mayoritariamente extranjeras, para determinar el número exacto de afectados.

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