09 de agosto de 2012
09.08.2012

Benidorm no prevé demoler las dos torres declaradas ilegales por el Supremo

La promotora de Punta Llisera agotará todas las vías para legalizar los edificios

09.08.2012 | 03:12
Benidorm no prevé demoler las dos torres declaradas ilegales por el Supremo

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A pesar del duro varapalo judicial que el Tribunal Supremo ha dado al proyecto, la empresa promotora de las dos torres construidas a escasos metros del mar en la Punta Llisera de Benidorm no lo da todo por perdido. La mercantil Edificaciones Calpe, propiedad del constructor Andrés Ballester, agotará cualquier resquicio legal posible para intentar legalizar el complejo urbanístico, comercializado bajo el nombre de Gemelos 28. En primer lugar, presentará un recurso de revisión de la sentencia dictada el pasado 23 de julio por el Supremo que, anula la autorización que la Generalitat Valenciana otorgó en el año 2005 para avalar la construcción de las dos torres de 21 alturas a escasos metros del mar y sobre la zona de protección que marca la Ley de Costas. Y si ese paso resulta infructuoso, pedirán amparo al Tribunal Constitucional y no descartan trasladar el caso a los tribunales de justicia de la Unión Europea para defender sus intereses, según anunció la alcaldesa en funciones, Gema Amor. En proyecto que se ha visto salpicado de polémica desde que comenzó a tramitarse hace ahora 24 años, cuando se concedió la primera licencia de obra por parte del ayuntamiento en junio de 1988, mes y medio antes de que entrara en vigor la Ley de Costas. En todo este tiempo, la empresa se ha amparado siempre en que, hasta esta última sentencia del Supremo, había acumulado hasta seis resoluciones judiciales favorables y dos sentencias en la misma línea del Tribunal Superior de Justicia.
Amor intentó eludir cualquier responsabilidad del ayuntamiento o de la propia mercantil: "Siempre se ha actuado según la legalidad y en cumplimiento de las diferentes sentencias judiciales en relación con la construcción de las torres".
En cualquier caso, y ante el abanico de posibilidades como la inejecución de la misma hasta la obligación de demoler las torres o su expropiación por parte del Estado, el ayuntamiento ha encargado a sus técnicos jurídicos un informe para valorar las posibles consecuencias.
La alcaldesa accidental no quiso adelantar cuáles pueden ser los efectos de esta resolución judicial, sobre la que la propia empresa también ha pedido una aclaración al Supremo, aunque en principio se posicionó del lado de la mercantil -"Lleva 30 años apostando por Benidorm y construyendo edificios", dijo- y descartó un posible derribo. Lo hizo, además, lanzando un mensaje a su nuevo compañero del gobierno, el alcalde Agustín Navarro: "No creo que haya ningún alcalde de Benidorm que se atreva a pedir o a ordenar la ejecución del derribo de un edificio de estas características".

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