El Tribunal Supremo ha condenado a Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (Sepiva) a pagar cerca de 800.000 euros al Ayuntamiento de Almussafes tras dar la razón al municipio en el litigio que mantenía con esta sociedad pública -dependiente de la Conselleria de Economía- por la expropiación de unos caminos que la Generalitat llevó a cabo en 1997 para construir el Parque Industrial Rey Juan Carlos I, según fuentes consistoriales. La sentencia obliga a la empresa a cumplir con el pago en un plazo de dos a tres meses.
El Jurado Provincial de Expropiación tasó los caminos afectados en unos 37 millones de las antiguas pesetas en 1997 (233.871,85 euros), cuantía que no se abonó hasta 2005. Al haber un retraso de ocho años, Almussafes pidió una retasación. El Jurado consideró que los terrenos -que habían pasado a ser suelo urbano- se debían valorar como no urbanizables, por lo que estableció su precio en 268.270,80 euros. Almussafes impugnó el fallo al entender que el suelo era urbano y, ahora, el Supremo le ha dado la razón y ha subido el precio en cerca de 600.000 euros más.
