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Acuciado por las ya 2.000 reclamaciones de vecinos que exigen que se les devuelva lo que han pagado de más de IBI desde 2008, el Ayuntamiento de Xàbia le pasó ayer el muerto a la Dirección General del Catastro, que depende del Ministerio de Hacienda. Tras tumbar el Tribunal Supremo en abril el catastrazo -la ponencia de valores de 2005-, la pregunta del millón era si había que retornar los 35 millones de euros cobrados indebidamente. Y si la respuesta era "sí", lo siguiente era aclarar quién devolvía la millonada. El gobierno local (PSPV, Xàbia Democrática y CpJ) cree que bastante tiene ya con cuadrar las cuentas tras "perder" este año casi 8 millones de ingresos. La anulación del catastrazo ha provocado que la recaudación de IBI caiga de 20,7 a 12,8 millones. Devolver el dinero ni se contempla.
El concejal de Hacienda, Óscar Antón, de Xàbia Democrática, recalcó ayer que "el daño patrimonial" lo ha causado quien redactó la errónea ponencia de valores, es decir, el Catastro. Se esforzó en aclarar que los vecinos que le reclaman al ayuntamiento equivocan el camino. Esgrimió un informe de SUMA (la agencia tributaria de la Diputación de Alicante) que concluye que el ayuntamiento debe desestimar las solicitudes de devolución de ingresos indebidos. El plazo para recurrir terminó en diciembre de 2008, un año después de una sentencia del TSJ que revocaba los valores municipales del catastrazo y que ahora el Supremo ha interpretado que, en realidad, liquidaba toda la ponencia. Por tanto, no es que el consistorio no fuera responsable de cobrar y gastar un IBI hinchado, sino que ya es tarde para que asuma su culpa.
El edil de Hacienda anunció que el abogado Juan Martín Queralt ha redactado un formulario, avalado por un dictamen jurídico, que estará a disposición de todos los vecinos para que lo rellenen y envíen al Ministerio de Hacienda. Es una reclamación patrimonial contra la Dirección General del Catastro. Antón dijo que el plazo para presentarla se agotará en abril de 2013 (un año después del fallo del Supremo), y precisó que los vecinos podrán exigir que se les reintegre todo lo que han pagado de más desde 2006. Avanzó que el ayuntamiento recurrirá por el perjuicio que le ha causado el Catastro y abrirá una oficina municipal para asesorar a los vecinos y que hagan lo propio. Los recursos deben ser individuales.
Mientras, el alcalde, José Chulvi, del PSPV, insistió en que "no se va a cobrar ni un céntimo" por ayudar a los vecinos a reclamar contra el Catastro. "Vamos a estar al lado de los ciudadanos". El munícipe criticó la picaresca de los administradores de fincas que sí cobran 20 euros por presentar reclamaciones contra el ayuntamiento cuando, según dijo, esa vía no tiene futuro.
