El exalcalde socialista de Paiporta, Bartomeu Bas, se enfrenta a una posible pena de seis años de cárcel por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos por sus actuaciones y decisiones durante varios años, cuando estaba al frente del ayuntamiento. El fiscal pide esta condena para el exmandatario y también reclama diez años de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por ese mismo delito, así como una pena de inhabilitación especial durante ocho años por un presunto delito de prevaricación. La esposa de Bas, Emilia Soler, también está imputada en la causa, dado que era concejala. El Fiscal pide para ella por supuesto delito continuado de malversación una pena de cinco años y la inhabilitación absoluta por diez años
El proceso se remonta al mandato municipal de 2003 a 2007 cuando los grupos municipales en la oposición del PP y de Paiporta-Alternativa Unida (PAU) acudieron al Juzgado de Torrent e interpusieron, en octubre de 2006, una primera denuncia tras tener conocimiento de que trabajadores municipales realizaban en sus horas laborales tareas en el chalé que Bas y Soler tenían en Montserrat, además de detectar irregularidades en el gasto municipal en gasoil, que también señaló algún informe técnico. En aquel momento la querella era únicamente contra Bartomeu Bas y pedía 2 años y medio de prisión. Pero tras la presentación de las pruebas y el avance del proceso de instrucción, el juez imputó también a la mujer del exalcalde, entre otros. Bas declaró el 20 de febrero de 2007 durante más de 4 horas ante el juez en su primera comparecencia tras la denuncia.
En su calificación, el ministerio fiscal considera que Bartomeu Bas, durante al menos los años 2003 a 2006, «en connivencia» con determinados funcionarios y ediles «y prevaliéndose de su cargo, utilizaron, autorizaron, ordenaron y consintieron la utilización en beneficio propio y de terceros, para fines particulares, fondos, efectos, servicios y recursos humanos del Ayuntamiento de Paiporta».
En concreto, el fiscal considera probado que Bas y Emilia Soler, durante varios años, «ordenaban» a través del carpintero municipal «la realización de tareas de limpieza en su chalé en el período desde Semana Santa a verano», así como «tareas de poda y jardinería». También realizaron reformas en el año 2004 con actuaciones de pintura, fontanería y albañilería, así como transporte de materiales de construcción y leña. Todas estas funciones las desarrollaban, según el fiscal, «trabajadores del ayuntamiento, todos ellos empleados de la brigada de obras y servicios, que dentro de su horario laboral acudían en vehículos municipales» o eran trasladados a la casa por el mencionado carpintero en estos medios de transporte del consistorio «incluso adquiriendo», con «consentimiento» de otros responsables del departamento, «productos de limpieza con cargo al ayuntamiento» para las tareas en el chalé.
Por otro lado, el fiscal señala que el exalcalde Bas daba la orden de pagar «altas gratificaciones» al carpintero „que hacía de chófer de los empleados en su camino al chalé„ «en sus nóminas mensuales por la prestación de dichos servicios particulares» con cargo a las arcas municipales. Estas gratificaciones fueron de 1.235 euros mensuales en 2005 y de 1.259 euros mensuales en 2006, «que se incrementaban en los meses de junio y diciembre» hasta los 3.209 euros.
Garrafas de gasóleo para fines particulares
Respecto al gasto en combustible que realizaba el consistorio y que en su día fue denunciado por los grupos de la oposición del PP, el fiscal indica en su calificación que el exalcalde socialista Bertomeu Bas prestó consentimiento para que dos funcionarios, al menos entre los años 2003 a 2006, permitieran y ordenaran «la carga de garrafas de gasoil» en cuatro estaciones de servicio diferentes, todas ellas situadas en Paiporta, «con cargo a los fondos del ayuntamiento» cuyo uso era «para fines particulares distintos del servicio municipal» de uno de los trabajadores.
Además, se producía «el repostaje de múltiples vehículos particulares no autorizados legalmente para servicio municipal también con cargo a los fondos del ayuntamiento» de distintas fechas de 2002 y 2003. En este último apartado, el fiscal incluye una relación de cuatro coches además de aportar otra lista de nueve vehículos cuyo repostaje en esas estaciones de servicio se realizaba «con finalidad desconocida». La suma de estas irregularidades asciende a 10.600 euros entre las garrafas y los coches particulares que acudían a repostar, con cargo a las arcas municipales, según la calificación fiscal. L. s. paiporta
