Dos concejalas de la corporación municipal de 2003 a 2007 en Paiporta, cuatro funcionarios y el alcalde socialista de la época, Bartomeu Bas son los imputados en el proceso por presuntos delitos de malversación continuada y prevaricación que los juzgados tramitan desde 2006. Tal y como informó ayer Levante-EMV en exclusiva, el fiscal pide, por ello, seis años de cárcel para el exmandatario Bas y cinco para su esposa, Emilia Soler, que es una de las dos edilas. Pero también la Fiscalía Provincial reclama penas de seis años de cárcel para tres de los funcionarios —uno de ellos ya jubilado— que considera que colaboraron con Bas en el uso de recursos y personal municipal «en beneficio propio y de terceros, para fines particulares» y con cargo a las arcas municipales.
Así, el fiscal considera probado que Bas y Soler, entre 2003 a 2006 ordenaban, a través del carpintero municipal, Juan Fernández García —hoy jubilado—, tareas de limpieza, jardinería y reformas en su casa de Montserrat, a empleados municipales de la brigada en sus horas de trabajo, que incluso eran trasladados en vehículos municipales por éste último. Y además, la Fiscalía señala en su calificación que Juan González Jarque, que había sido concejal liberado en otro mandato y en ese momento había recuperado su condición de funcionario y ejercía de coordinador de obras y servicios, «en connivencia» con Juan Antonio Martínez Juan, encargado de la brigada municipal, en mayo de 2005, «ordenaron a trabajadores del ayuntamiento la colocación de puertas y realización de trabajos de albañilería en el chalé de la hermana y el cuñado» del primero, «labor que dichos trabajadores realizaron en su horario laboral».
El fiscal incide en que González Jarque y Martínez Juan, entre 2003 y 2006, «permitían y ordenaban» con el consentimiento del alcalde la carga de garrafas de gasóleo en las estaciones de servicio de Paiporta, cuyo destinatario era el carpintero municipal, Juan Fernández García, «quien lo utilizaba para fines particulares distintos del municipal». El importe global ronda los 1.000 euros. También en este apartado, el fiscal cree que González Jarque y Martínez Juan permitían el repostaje de «múltiples vehículos particulares no autorizados legalmente para servicio municipal, con cargo a las arcas municipales». La calificación de la Fiscalía recoge las matrículas de casi una veintena de vehículos. Y el importe global de todas estas cargas de gasóleo y garrafas supera los 10.000 euros.
Por otra parte, el Fiscalía señala que Fernández García, «con conocimiento y por orden» de González Jarque y Martínez Juan, era quien trasladaba a los empleados municipales que realizaban los trabajos en su horario laboral en la casa del exalcalde Bas.
Por ello, el fiscal pide seis años de cárcel para cada uno de los tres, por un delito continuado de malversación, así como inhabilitación absoluta pata cargo o empleo público por diez años. Además para González Jarque pide una segunda inhabilitación de ocho años por prevaricación.
Tendrán que devolver el dinero si son condenados
La calificación fiscal de este proceso, en el que han declarado 17 personas en la fase de instrucción, ve delictivas diversas acciones en materia de Personal. Así, la Fiscalía critica que Bas con Pedro Rajadell, entonces secretario accidental, crearan una plaza de coordinador de obras y servicios «con la finalidad de favorecer económicamente» a Juan González Jarque, «incrementando su salario y a sabiendas de su manifiesta injusticia». Esto se produjo porque Jarque, que había sido concejal liberado —con sueldo en el ayuntamiento—, tras las elecciones de 2003 tenía que elegir entre ser edil o funcionario, aunque su puesto era el de notificador —el que ocupa actualmente—. Al asumir como interino «de forma fraudulenta» la nueva plaza, fue remunerado con «emolumentos muy superiores» y cobró unos 30.000 euros anuales.
Asimismo, el carpintero Juan Fernández, que el fiscal cree responsable de transportar a los empleados al chalé de Bas, recibió «altas gratificaciones» mensuales del exalcalde de entre 1.200 y 3.000 euros en 2005 y 2006 por ese cometido.
Por ello y por el resto de acciones de presunta prevaricación y malversación, el fiscal reclama responsabilidad civil de los imputados y que devuelvan el dinero que se calcule que corresponde a las garrafas y repostajes irregulares de gasolina, trabajos realizados por personal municipal en casas particulares, la mudanza de una edila, así como los 33.836 euros de gratificaciones indebidamente cobradas.
