La Vall d'Albaida también desafía al Consell al llevar su basura sin clasificar a Murcia

Las cerca de 30.000 toneladas de basura que generan cada uno de los hogares de los 32 municipios de la Vall d'Albaida van a parar al vertedero de Fuente Álamo, en Murcia, donde se depositan sin la autorización de la Generalitat. La Mancomunitat, que gestiona el servicio en la comarca a través de una concesionaria privada elude la normativa autonómica del Plan Zonal, que obligaría a efectuar los vertidos en la planta de transferencias de Ròtova, mucho más próxima. Por el contrario, los deshechos terminan a más de 150 kilómetros del lugar de origen y, en algunas ocasiones, sin ser clasificados ni pasar por el proceso pertinente de reciclaje. El pasado sábado Levante-EMV informó sobre un informe encargado por el Consorcio de Residuos que reveló que la basura de Gandia sigue el mismo proceso. Se da el caso de que ambas administración (el ayuntamiento de la Safor y la Mancomunitat de la Vall) son las únicas que se han mostrado insumisas a acatar el nuevo modelo de gestión que condujo al Consorcio a asumir el tratamiento y eliminación de la basura en cinco comarcas -también la Canal y la Costera- el pasado mes de julio.

Pero los alcaldes de la Vall defienden su propio plan comarcal de residuos y se oponen a la tarifa aprobada por la entidad que preside Vicente Parra. Consideran excesivo el coste por tonelada tratada que exige dicho organismo, de 108 euros, un importe que incluye los gastos administrativos y de gestión tributaria efectuada por Diputación de Valencia, encargada de emitir los recibos. Fuentes del Consorcio de Residuos recuerdan a los ayuntamientos de la Vall quesu precio es más alto porque incluye un "tratamiento adecuado y eficiente" de los residuos generados y afean a la Mancomunitat que no se preocupe de la valorización de la basura generada en la comarca. El Consorcio tiene previsto reclamar a los municipios no consorciados (además de los de la Vall, también l'Alcúdia de Crespins, Quesa, Bolbaite y Chella) un importe adicional de 48.000 euros por las cuotas no satisfechas y que el resto de ayuntamientos sí han abonado -al Ayuntamiento de Ontinyent corresponden 24.000 euros-, al entender que se beneficiarán de los servicios de la entidad. El Consorcio destaca que el 61% de administraciones locales de las cinco comarcas han colaborado aportando los datos actualizados sobre sus unidades fiscales para elaborar las ordenanzas de 2013.