Alzira embarga a una filial de Bankia por la deuda del sector Vilella

El ayuntamiento reclama 2,6 millones a Cisa 2011 por trabajos realizados que se deben liquidar al urbanizador

p. f. alzira

El Ayuntamiento de Alzira ha embargado varias cuentas bancarias a la empresa Cisa 2011 SLU, filial inmobiliaria del grupo Bankia-Banco Financiero y Ahorro (BFA), por el impago de las cuotas de urbanización relativas al Sector Vilella-1. El consistorio reclamaba a esta sociedad 2,2 millones de euros correspondientes a la tercera certificación de obras, que se giró después de paralizada la construcción del centro comercial Vilella para liquidar el contrato con el agente urbanizador, que con los intereses y el recargo ascienden a 2,6 millones. El ayuntamiento concedió en julio un mes de plazo a Cisa 2011 para cumplir con esta obligación de pago con el urbanizador y, al no hacer efectivo este importe, ya en octubre tramitó el embargo de la parcela aunque, tras localizar varias cuenta a nombre de esta mercantil, el viernes realizó la diligencia para bloquearlas y poder cobrar en efectivo si disponen de fondos suficientes.

Ayer mismo llegó al ayuntamiento un auto del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Valencia que desestima la solicitud realizada por Cisa 2011 para que, como medida cautelar, suspendiera el cobro de las cuotas urbanísticas pendientes de pago a la espera de la resolución del contencioso interpuesto contra la aprobación definitiva del PAI por gestión directa, la fórmula por la que el ayuntamiento ha optado para acabar las obras del Sector Vilella y que la filial de Bankia pretende paralizar. La magistrada argumenta que se trata de un litigio de contenido económico y que, por tanto, los daños son cuantificables y que al haber un tema urbanístico de fondo "debe primar el interés general al desarrollo urbanístico del municipio frente a los intereses particulares que, en cualquier caso, y en el supuesto de sentencia estimatoria, presentaría perjuicios indemnizables", incide.

Cisa se quedó la propiedad de la parcela y del centro comercial inacabado a cambio de la deuda que habían contraído los promotores, en una operación que se cifró en 46 millones de euros.

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