Una ola de indignación recorre el mundo agrícola de Xeraco tras haberse conocido que la Inspección de Trabajo de Valencia ha abierto un expediente por infracción a tres hombres de esta localidad, dos jubilados y un familiar suyo que trabaja en una empresa, al haber sido «sorprendidos» realizando labores agrícolas en un campo propiedad de uno de ellos.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de noviembre cuando el inspector de Trabajo, acompañado por agentes de la Guardia Civil, se detuvo en esta propiedad y solicitó los datos de las personas que estaban en el campo. Los tres hombres, el propietario, su cuñado y su yerno, se limitaron a explicar que la tierra era de uno de ellos y que estaban jubilados, de manera que pensaron que ahí se había acabado la visita.

La sorpresa llegó cuando el inspector les comunicó que iba a abrir un expediente porque al ser dos jubilados y un operario de una empresa no podían trabajar en el campo y que aquello podría tener repercusiones en forma de multa, y, lo que es aún peor, en la suspensión de las pensiones a los dos jubilados.

Un familiar del jubilado de 78 años que es el propietario del terreno explicó ayer que, tras la consulta con un abogado y una comparecencia de los afectados en la Delegación de Trabajo en Valencia, el susto se ha podido solucionar y, al final, todo quedará en una seria advertencia y en una multa que podría rondar, en conjunto, los mil euros. «No teníamos ni idea de que no pudiéramos trabajar nuestra tierra», añadió con sorpresa el hombre que no está jubilado.

Pero en Xeraco este incidente ha generado un considerable revuelo entre los agricultores y, especialmente, entre aquellos jubilados o parados que, de una u otra manera, tratan de capear la crisis sacando lo que puedan de sus tierras o las de sus familiares.

A petición del Consell Agrari Local, anteanoche tuvo lugar una reunión informativa en la que el abogado Vicent Estruch explicó que el expediente de la Inspección de Trabajo a estas tres personas tiene su origen en un reciente cambio legislativo que obliga a los propietarios a cotizar si la actividad agrícola supone un rendimiento económico. En el caso de que trabajen terceras personas, el dueño estaría obligado a contratar, de manera que así se pretende poner fin al trabajo «en negro», que escapa del control de la Administración.

El alcalde se queja ante la Generalitat

El alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, se encuentra entre los indignados que rechazan que se puedan imponer sanciones a personas que trabajen sus tierras para lograr ingresos en un momento de graves dificultades económicas.

Ayer Mascarell trasladó su queja a la Generalitat y a la delegación del Ministerio de Trabajo en Valencia. La primera autoridad local indicó que, si esta situación no se subsana, «el abandono de tierras estará asegurado», y temió que al final las zonas agrícolas de la Comunitat Valenciana «se conviertan en un desierto».