La juez abre juicio oral contra el alcalde de Zarra por los empadronamientos ilegales

La titular del juzgado de Instrucción número tres de Requena, María Ángeles Sáez, ha abierto juicio oral contra el alcalde de Zarra, Juan José Rubio, por empadronar a 37 familiares y conocidos antes de las elecciones municipales de 2007. El alcalde se enfrenta a nueve años de inhabilitación para cargo público. La denuncia la presentó en la Fiscalía el Partido Popular de Zarra, que ha estado representado como acusación particular por el abogado Jorge Carbó. Rubio será juzgado en los próximos meses en un juzgado de lo Penal de Valencia. El fiscal no ha formulado acusación.

El juzgado archivó el caso, pero la Audiencia ordenó que se investigara a fondo al constatar que familiares del alcalde y de funcionarios del ayuntamiento se habían empadronado en Zarra a pesar de que tienen su domicilio en otras localidades. El municipio tenía 300 habitantes cuando ocurrieron los hechos. Según recoge el escrito de acusación del PP, el alcalde de Zarra que pertenece al partido Agrupación de Electores por Zarra era el responsable de la formación, mantenimiento y revisión del padrón municipal e inscribió a 37 personas que realmente vivían en Valencia, Ayora, el Puig, Silla, Xàtiva, Sant Vicent del Raspeig, Almansa y Albacete.

Durante la investigación del caso, según advirtió la Audiencia, se comprobó «la existencia de casos de empadronamientos en viviendas que no lo son pues se trata de edificios inhabitables y en ruinas o naves industriales». Algunas personas fueron censadas en la antigua casa del médico (que es de propiedad municipal), en la escuela taller y en la vivienda del hijo del alcalde, según recoge el escrito de acusación. Una decena de testigos que están censados en Zarra confesaron en el juzgado que no viven allí y explicaron que se empadronaron para conseguir la adjudicación de pastos o cualquier otro tipo favor.

La Audiencia incidió en que el Supremo considera que «la relación entre los datos del padrón y los electores que figuran en el censo es indiscutible». La sala destacó en el auto de reapertura que una de las maneras más eficaces de alterar el censo es «mediante la manipulación del padrón».

El abogado Jorge Carbó apunta en su escrito de acusación que los hechos son constitutivos de un delito continuado de prevaricación en relación un delito electoral. El letrado ha pedido que comparezcan en el juicio 21 testigos, entre ellos la concejal del PP de Zarra Rebeca Gonzálvez Gómez, que fue la que formalizó la denuncia en los meses previos a las elecciones de 2007.