La cúpula del PP está dispuesta a dar el visto bueno a la moción de censura para desalojar el bipartito (Verdes-PSOE) en Orihuela pero siempre y cuando no la encabece ni la exalcaldesa Mónica Lorente, imputada en Brugal y procesada por la gestión de las obras de la Plaza de El Escorratel, ni tampoco ningún otro concejal encausado en procedimientos judiciales.
La dirección provincial, de acuerdo con la ejecutiva regional y también con Génova, trasladó ayer a la organización del PP en Orihuela, cuya presidenta es la también concejal Pepa Ferrando, que aceptará a cualquier candidato que se proponga pero únicamente si está "limpio" y al margen de los juzgados de acuerdo con la línea que viene marcando Alberto Fabra desde que accedió a la presidencia de la Generalitat.
Fue una jornada de intensos contactos entre los ediles oriolanos y la cúpula del PP después de que, a primera hora de la mañana, Antonio Rodríguez Barberá se mantuviera al lado de la dirección y se negara a avalar la operación para intentar aupar de nuevo a Mónica Lorente, a día de hoy diputada provincial, como alcaldesa de la capital de la Vega Baja.
Fabra está muy preocupado por la imagen que puede ofrecer el PP con esta jugada. Validar una moción de censura con Lorente como candidata, inmersa en una doble investigación por dos casos de supuesta corrupción, supondría, apuntan fuentes populares, dañar aún más, si cabe, la imagen del PP. Dar la vuelta a España en un momento muy complicado para el PP. Y ni el jefe del Consell ni José Císcar, líder de los populares alicantinos, están dispuestos a pasar ese trance y entregarle esa baza a la oposición. En todo caso, la cúpula del PP no le hace ascos a recuperar la alcaldía de una cabecera comarcal. A nadie le amarga un dulce. Y, además, entienden, incluso, que la moción de censura podría dar un cierto margen de estabilidad a Orihuela frente al actual gobierno local que encabeza el ecologista Monserrate Guillén, claramente en minoría, de cara a la segunda mitad del mandato. En esa dirección, de hecho, la cúpula provincial del PP, de hecho, trasladó a media tarde a la ejecutiva local que aceptará un cambio de alcalde encabezado por cualquiera de los concejales con el único límite de que no esté imputado. Esa salvedad afecta, al menos, a cuatro regidores incluyendo dentro del veto, como avanzó este periódico hace meses, a Mónica Lorente. La ejecutiva del PP daría el visto bueno a la maniobra de forma inmediata si, por ejemplo, la aspirante elegida fuera la propia presidenta local Pepa Ferrando.
No se trata, apuntaron desde la cúpula popular, de una cuestión de "personalismos" sino de mantener a flote el proyecto del PP, en estos momentos, muy deteriorado y falto de credibilidad en la respuesta a los casos de corrupción. "No podemos consentir la moción con un imputado de candidato", zanjó un alto dirigente del PP.
