La aparejadora condenada ya fue suspendida cautelarmente de empleo y sueldo en marzo de 2011 cuando el Ayuntamiento de Turís descubrió el fraude cometido. La anterior alcaldesa, la socialista Pilar Blasco, reconoció entonces a Levante-EMV que con anterioridad a este caso había recibido quejas de "personas que tenían casa en el pueblo", que aseguraban que la acusada les había pedido dinero para resolver expedientes. Pilar Blasco denunció los hechos ante la Guardia Civil, que formalizó la acusación en el juzgado. La instrucción la asumió un juzgado de Requena y uno de los fiscales de delitos económicos de Valencia. La funcionaria que ha asumido su responsabilidad había defendido hasta ahora su inocencia. r. f.valencia
