30 de septiembre de 2013
30.09.2013

El fiscal cree que la exalcaldesa de Antella prevaricó al otorgar un bar municipal a su marido

El Ministerio Público cursa una denuncia al juzgado al ver indicios de delito ya que considera que Giménez conocía que el quiosco carecía de licencia

30.09.2013 | 05:30
María Isabel Giménez.

El fiscal-jefe de Alzira considera que la exalcaldesa de Antella y actual portavoz del grupo popular, Mª Isabel Giménez, pudo cometer un delito de prevaricación al conceder la explotación del quiosco-bar municipal del paraje de l'Assut a su marido entre los años 2006 y 2011 "teniendo conocimiento de que carecía de las oportunas licencias" para la apertura de la actividad. El Ministerio Público ve indicios de que Giménez pudo incurrir "en un delito contra la Administración Pública del artículo 404 y siguientes del Código Penal" y ha cursado una denuncia al juzgado decano de Alzira a fin de que se le tome declaración "en calidad de imputada", según reveló ayer el actual teniente de alcalde, Gustavo Montagudo.
Fue precisamente Montagudo, que fue alcalde por el grupo Gent d'Antella hasta junio, el que presentó en marzo ante la Fiscalía de Valencia en representación del ayuntamiento 24 documentos relacionados con la concesión del quiosco-bar municipal al marido de la exalcaldesa, con el fin de que investigara si la actuación pudiera ser constitutiva de delito. El edil interpuso la denuncia después de que el TSJCV hubiera desestimado el recurso del marido de la exalcaldesa contra la sentencia que declaraba nula la prórroga del contrato. El TSJ consideró que Giménez actuó de forma contraria a derecho al conceder la explotación del bar a su marido, ya que la relación conyugal entre ambos "representa cauda de incompatibilidad".
El fiscal, tras examinar la documentación del ayuntamiento -los acuerdos del pleno y los informes de los técnicos-, considera que existen indicios de delito por lo que determina que "procede la remisión de las actuaciones al juzgado de instrucción de Alzira",para que practique diligencias de investigación penal. La fiscalía propone que el juzgado tome declaración en calidad de testigos al marido de Giménez y Gustavo Montagudo.
El comunicado difundido ayer por el ayuntamiento detalla que el artículo 404 del Código Penal establece que "a la autoridad o funcionario público que a sabiendas de su injusticia dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años".

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