La Fiscalía Provincial de Valencia ha archivado las diligencias de investigación penal abiertas a raíz de una denuncia presentada por el alcalde de Bonrepòs i Mirambell, Fernando Traver (PP), tras la desaparición de una bicicleta que había sido incautada por la Policía Local y que permanecía en el armero de este cuerpo de seguridad. Pese a que el Ministerio Público considera que "no hay indicios suficientes para imputar la infracción penal" a ninguno de los tres policías investigados por estos hechos, el alcalde recuerda que el acceso a la estancia de la que supuestamente desapareció la bici tiene el acceso limitado a los propios agentes. "Ahí sólo pueden entrar los policías, no tiene llave ni la mujer de la limpieza -subrayó ayer Traver-. Yo tengo mis sospechas pero no las puedo decir. Ahora decidiremos si hacemos una investigación por nuestra cuenta o tomamos alguna medida".

El 21 de junio el alcalde denunció la desaparición de una bicicleta que un agente había confiscado a unos jóvenes que, a su vez, se la habían sustraído. Según destacaba ayer Traver, el presunto propietario quiso recuperar la bici mostrando una foto de la misma, pero el jefe de la Policía le exigió una factura para poder devolvérsela. El regidor explica que fue uno de los agentes quién días después le avisó de que el vehículo había desaparecido. "Cité a todos los agentes y les pedí que la bicicleta apareciera o tendría que denunciar".

Traver sospecha de los policías ya que son los únicos con acceso a la estancia, en la que también se guardan las armas y todo material que se incaute. "Hay una llave por cada uno de los siete agentes. Pero además el que se llevó la bici tenía que tener acceso a la oficina, a los vestuarios y pasar el control de alarma. Encima sólo hay un policía por turno. Por eso pienso que ha tenido que ser alguno de ellos".

La fiscalía interrogó al jefe en funciones de la Policía Local, al agente que se incautó de la bicicleta y al responsable de la custodia durante la semana anterior a su desaparición". Tras prestar declaración a los policías, el fiscal entendió que "no hay indicios suficientes para imputar infracción penal a ninguno de ellos, existiendo meras sospechas o conjeturas". "Si bien es cierto que se han acreditado irregularidades en el expediente que dio lugar a la incautación de la bicicleta -admite el ministerio público-, lo cierto es que no hay testigos presenciales de los hechos, ni cámaras de seguridad". Además, uno de los agentes interrogados recordó que eran siete las personas con llaves del armero, pero que en los últimos ocho años 19 agentes han tenido acceso a las mismas.