La pasividad del Ayuntamiento de Alberic para cumplir la sentencia que en el año 2008 ordenó a la Comunidad de Propietarios San Cristóbal, SA, que finalizara las obras de la urbanización y al consistorio que "velara" para que estos trabajos se realizaran en un tiempo prudencial -aunque es cierto que los tribunales concedieron dos prórrogas al plazo inicial de dos años- puede acabar salpicando al actual alcalde. El juzgado de primera instancia número 1 de Alzira ha abierto diligencias previas por un presunto delito de desobediencia, en un auto que ordena tomar declaración en calidad de imputados al actual alcalde, Toño Carratalá, al arquitecto técnico municipal y al presidente de la sociedad anónima.

La denuncia presentada en noviembre de 2012 por un particular en la Fiscalía alertando de presuntas irregularidades en la gestión de la urbanización dio lugar a la apertura de diligencias por parte del Ministerio Público y a una propuesta en la que alertaba de que los hechos descritos por el vecino podían ser constitutivos de un delito societario, otro de apropiación indebida e incluso de un delito contra la Hacienda Pública. La propuesta recayó en el juzgado de instrucción número 1 que, al parecer, únicamente ha abierto diligencias por un presunto delito de desobediencia, según el auto.

La finalización de las obras de urbanización de San Cristóbal, un área residencial empezó a construirse en 1972, sigue pendiente pese a que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia fechada en 2008 ordenaba su conclusión para que el ayuntamiento pudiera asumir las obras y, acto seguido, los servicios propios de un área urbana que, en estos momentos, ofrece a los residentes la sociedad anónima.