El caso de Agriurba no es el único al que se enfrenta el ayuntamiento. En el último año, sentencias y operaciones similares han generado una deuda de cinco millones para las arcas municipales, que habrán de pagarse en los próximos años.

En el mismo pleno se acordó recurrir en casación una sentencia del TSJ que valora en 1,2 millones suelo urbano donde en los años 90 se planificó un centro de especialidades que no se ha construido. El solar fue valorado hace años por el mismo TSJ en 180.000 euros pero los dueños ganaron en los tribunales el derecho a una retasación al demorarse el proceso.

Además, el consistorio está cumpliendo una sentencia firme de 1,8 millones por un suelo que hubo de expropiar para ampliar el colegio Bonavista, y negocia el valor de la otra parte del terreno.

Oñate critica estas sentencias porque «los ayuntamientos tenemos que ceder por ley suelo para dotaciones y esto se convierte en una losa». El edil lamenta que las leyes no diferencien «cuando es para dotaciones o para obtener beneficio». «Vamos a tener que gastar el dinero en sentencias y no en servicios a los vecinos», dice.

El PP critica que el gobierno local aplace los pagos o recurra «sentencias muy claras» porque supone «hipotecar los futuros gobiernos» y cree que la «gestión irresponsable» es la causa del problema. Bloc-Els Verds ve una «barbaridad» que los tribunales eleven tanto el valor del suelo porque «siguen contribuyendo a la especulación y al final el terreno es más caro que la dotación que se construye».