El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Valencia ha anulado el acuerdo adoptado por el Gobierno local del PP de Gandia el 29 de noviembre de 2012 mediante el cual se aprobaban las bases para adjudicar a una empresa la gestión del ciclo integral del agua, que incluye el abastecimiento público y la red de alcantarillado.

La sentencia conocida ayer se basa, entre otros motivos, en una razón de mucho peso. A criterio de la magistrada titular del juzgado, este concurso de concesión administrativa de un servicio público había sido diseñado de manera que incumplía el precepto fundamental de la libre concurrencia de empresas. Teniendo en cuenta que el periodo previsto para gestionar el agua era de 50 años, se trata de un apetitoso negocio que, con medio siglo por delante, supone un volumen de facturación cifrado de cientos de millones de euros.

La clave de la anulación de ese proceso de licitación está en que el Gobierno local de Gandia incluyó una cláusula que obligaba a la empresa que se adjudicara el servicio a abonar, en concepto de indemnización, cerca de 86 millones de euros a la mercantil Aguas de Valencia, que en abril de 2008, durante la anterior legislatura, se quedó la gestión del agua potable por un periodo de 25 años gracias al pago de un canon de 55 millones de euros que ingresó el ayuntamiento.

Según señala la sentencia, esa indemnización multimillonaria «constituye una barrera de entrada a otros posibles licitadores», de manera que las bases redactadas por el Ayuntamiento de Gandia «solo garantizaban la concurrencia de Aguas de Valencia», dado que ese gravamen de 86 millones supone «una carga no asumible financieramente salvo para Aguas de Valencia, que se vería libre de ella bajo la figura de confusión acreedor-deudor».

Igualdad de condiciones

En ese punto la sentencia del Juzgado de lo Contencioso viene a decir que el Ayuntamiento de Gandia solo puede convocar un nuevo concurso para la gestión del agua potable si las bases garantizan que cualquier empresa pueda optar en igualdad de condiciones, un precepto básico de la economía de mercado y también de la Administración pública.

De hecho, la empresa que presentó la impugnación de este concurso ante los tribunales no es una cualquiera, sino Aquagest, que ahora ha pasado a denominarse Hidraqua y que forma parte del grupo Aigües de Barcelona, una de las cinco que optó a la gestión del agua potable de Gandia en el concurso convocado en 2008.