El juicio por los presuntos chalés ilegales construidos en suelo destinado a uso hotelero en el plan El Rodat de Xàbia quedó ayer visto para sentencia. La Fiscalía mantuvo la acusación contra los nueve ediles imputados y pidió que fueran condenados por un delito contra la ordenación del territorio. El ministerio público solicita ocho meses de prisión y siete años de inhabilitación para cada uno de los nueve concejales que votaron en 1997 dar licencia al proyecto. Entre los imputados se encuentran los dos anteriores alcaldes de la localidad, Juan Moragues y Eduardo Monfort.
«Decir que tengo un proyecto hotelero, no convierte algo automáticamente en un hotel», incidió ayer el fiscal que consideró una burla a la legalidad el proyecto de El Rodat. Según el representante del ministerio público, el promotor del hotel se aprovechó de que el Plan General daba mayor edificabilidad a las construcciones hoteleras para construir viviendas y venderlas a particulares. «Las cosas son lo que son, por mucho que se le quiera llamar de otra manera», insistió.
Según el fiscal, desde el principio había claros indicios de que lo que se estaba construyendo en la zona no era un apartahotel, ante lo cual y a pesar de que había un informe fotográfico incorporado al expediente que acreditaría la venta privada de chalés. «No existe ni la más mínima verificación de que lo que se estaba construyendo se ajustaba a la licencia», dijo.
Posible atenuante de dilación
Sin embargo, el fiscal entiende que en la causa podría haber dilaciones indebidas al tardar 16 años en juzgarse, por lo que no se opondría ni a que se aplicara la atenuante, ni a que se pidiera el indulto en caso de condena, dado el tiempo transcurrido.
Por su parte, el abogado de la acusación particular reclamó además una condena por falsedad documental, al entender que se pudo falsificar el acta de la comisión donde se aprobó el expediente.
Los abogados de las defensas pidieron la libre absolución de todos los imputados al entender que no había quedado probado que éstos cometieran ilegalidad alguna a sabiendas. «Ni siquiera se ha probado aquí si la situación de los chalés vendidos es legal o ilegal», aseguró uno de los letrados, mientras que otro señaló que la licencia ni ha sido anulada, ni ilegalizada y que ni siquiera se ha planteado la demolición de estas construcciones. «Los concejales que asistieron a esta comisión no podían hacer otra cosa más que votar a favor de una licencia que contaba con los informes favorables de los técnicos. La ilegalidad hubiera sido no aprobarla», recalcaron.
Asimismo, pidieron la condena expresa de la acusación particular en costas al considerar una barbaridad el acusar a los ediles de haber falseado un acta.
