Con un guión que se podía haber escrito con anterioridad, el Gobierno local del PP de Gandia y los dos grupos de la oposición, PSPV-PSOE y Compromís, no llegaron a ningún acuerdo durante la comisión especial reunida ayer para investigar cómo se ha podido perder la relación de todas las facturas pagadas por la empresa municipal Iniciatives Públiques Gandia (IPG), de la que es socio único el ayuntamiento.
Esos documentos informáticos reunían y ordenaban miles de facturas por valor de decenas de millones de euros abonados por IPG entre los años 2006 y finales de 2013. Para el PP el «borrado» se había debido «a un fallo informático», mientras que PSPV-PSOE y Compromís coinciden en no creerse esa versión, y apuntan a la posibilidad de que la pérdida de esos documentos responda a una acción deliberada que tendría como objetivo impedir fiscalizar los gastos del gobierno local del PP.
Como publicó este periódico, al «error» informático se suma que no hubiese ninguna copia de seguridad y que las facturas físicas, en papel, estén completamente desordenadas.
En la reunión de ayer socialistas y nacionalistas pidieron al PP que, a la vista «de la gravedad» de lo sucedido, fuera el propio ayuntamiento el que remitiera un informe a la Fiscalía Anticorrupción solicitando la apertura de una investigación judicial con el fin de garantizar la imparcialidad de la misma y determinar las responsabilidades que puedan tener miembros del Gobierno local o de IPG en este hecho.
Como se esperaba, el PP rechazó ese planteamiento y propuso a la oposición que se solicitara un tercer informe a una empresa informática, consensuada por los tres partidos representados en la corporación, para que ratificara si, como ya han determinado otras dos firmas, hubo un fallo en el disco duro que provocó la pérdida de la documentación.
