El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se ha pronunciado en un nuevo fallo que echa por tierra las aspiraciones de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida por mantener el control sobre la gestión de las 30.000 toneladas de basura diarias que se generan en la comarca, requeridas desde hace dos años por el Consorcio de Residuos (COR). La resolución emitida por los magistrados de la sección 5ª de la sala de lo contencioso-administrativo desestima el recurso de apelación interpuesto por la concesionaria de la Vall, Recisa, y eleva a firme una sentencia de primera instancia que en 2012 dictaminó la legalidad de los pliegos que rigieron la adjudicación del tratamiento y la eliminación de los residuos del territorio a la UTE Vytrusa, contratista del COR.
Recisa alegó, entre otras cuestiones, que el citado procedimiento vulneraba el artículo 22 de los estatutos del Consorcio, según el cual debían respetarse los acuerdos sellados por las entidades locales previamente a la puesta en marcha del COR para la prestación de servicios. Siguiendo el mismo argumento, la Mancomunitat hace valer su «Plan de Minimización» aprobado en 2001 para defender un modelo de autogestión de la basura que los municipios que la integran se han negado hasta el momento a dejar atrás. Sin embargo, la sentencia confirmada determina que dicha iniciativa es incompatible con el Plan Zonal de la Generalitat, que además es «de obligado cumplimiento». En función de estas resoluciones, como las localidades de la Costera y la Canal vienen haciendo desde 2012, la concesionaria de los ayuntamientos de la Vall d'Albaida debería limitarse a recoger los residuos y transportarlos hasta la planta de transferencias del COR, en Ròtova.
El fallo del TSJ estrecha aún más el cerco sobre la entidad comarcal, amenazada por los tribunales y por la propia Conselleria de Medio Ambiente con multas coercitivas por incumplir la ley. La presión judicial se ha acrecentado en los últimos meses sobre todo en torno a la figura del presidente, Juan Puchades (PP), que ha recibido un requerimiento judicial que le advierte de las posibles consecuencias (en forma de sanciones e incluso de inhabilitación política) a las que se enfrenta si sigue desoyendo las órdenes del juez que emplazan a la Mancomunitat a poner fin a un conflicto que se eterniza.
