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Tercera edad

El cierre de una residencia en Utiel obliga a dispersar a 44 ancianos

La empresa del centro privado debe 86.000 euros a los trabajadores por el impago de los sueldos

El cierre de una residencia en Utiel  obliga a dispersar a 44 ancianos

El cierre de una residencia en Utiel obliga a dispersar a 44 ancianos

La residencia de la tercera edad Reyes Católicos de Utiel cerrará el próximo 31 de diciembre, lo que ha obligado a reubicar a 44 ancianos en otros centros de la comarca y otras limítrofes. El cese de la actividad, además, supondrá el despido de la totalidad de la plantilla de 30 trabajadores. La empresa Inversiones Colectivas Valencianas SA ha decidido echar el cierre por la mala situación económica que atraviesa y con el final de año la residencia que se inauguró en noviembre de 2001 dejará de atender a sus usuarios.

Fuentes de los trabajadores señalaron ayer a Levante-EMV que los ancianos prácticamente ya han podido ser reubicados. Algunos ya han abandonado el centro geriátrico y otros lo irán haciendo en las próximas semanas. Así, se instalarán en residencias de Utiel, Requena, Cheste, Alborache, San Antonio de Benagéber y Mira (Cuenca). «Hemos repartido a los usuarios en residencias de localidades lo más cercanas posible a sus familiares para evitar, en la medida de lo posible, más trastornos. Las familias están protestando al dueño de la empresa, que es el culpable y se ha desentendido del tema, ya que somos los trabajadores los que hacemos todas las gestiones», afirman los empleados.

El traslado provoca «muchas molestias» a unas personas que por su edad «sufren con este tipo de alteración de su vida diaria. Se desorientan, pierden a las personas con las que conviven y extrañan a sus antiguos cuidadores», apunta una de las trabajadoras.

Los empleados llevan desde 2011 sufriendo la precaria situación económica del centro. El empresario debe el 50 % de la paga extraordinaria de diciembre de 2011, el 50 % de la extra de junio de 2013, la totalidad de la paga extra de julio de este año, el 30 % de la nómina de septiembre y las de octubre y noviembre. A todo eso hay que añadir la regularización de los sueldos desde 2011, lo que suma una deuda con los trabajadores de 86. 275 euros.

La plantilla recibió el pasado 7 de noviembre una carta en las que se le comunica el despido colectivo como consecuencia de la mala situación de la empresa. «A finales de 2011algunas compañeras comenzaron a demandar a la empresa ante los impagos de los sueldos. Han tenido más suerte que nosotros porque han cobrado».

Levante-EMV intentó contactar con el administrador de la empresa, pero no obtuvo respuesta.

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