Ontinyent fue uno de los ayuntamientos que decidió compensar a los empleados que fueron privados de la paga extra de Navidad de 2012. La decisión le costó un contencioso interpuesto por la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, que se oponía „siguiendo las directrices del Gobierno central„ a que una administración local contraviniera el decreto del ejecutivo de Rajoy. Ahora, un juez da la razón al consistorio. La capital de la Vall d'Albaida pagó a sus alrededor de 300 empleados (entre personal laboral y funcionarios) unos 86.000 euros. El edil de Personal, Joan Sanchis, expresó ayer a Levante-EMV su satisfacción por el fallo. «No era un capricho pagar la extra a nuestros empleados; era algo de justicia. Y tal como se ha demostrado ahora, la ley estaba de nuestra parte», resumió.
El juzgado del Contencioso Administrativo de Valencia señala en su fallo que debe «desestimar el recurso interpuesto por la Delegación del Gobierno [?] contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ontinyent [?] que resuelve abonar a los empleados [?] la parte de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 correspondiente al periodo devengado».
Una decisión «prudente»
La clave del fallo radica en que desde que se paga la extra de verano hasta el decreto del gobierno (14 de julio de 2012) transcurren 44 días en los que los empleados han comenzado a devengar (a cotizar, en definitiva) para la extra de Navidad. «Aunque en un principio fuimos prudentes y nos esperamos, nuestra intención era aprovechar eso para pagar a los trabajadores. Pero con mucha prudencia „insiste el edil Sanchis„ porque el ministro Montoro ya advirtió [a los ayuntamientos y otras administraciones] que ojo con pagar la extra, que eso sería prevaricar. Decidimos esperar a que hubiera una sentencia favorable y llegó la primera, en Palencia. Entonces nos lanzamos», recordaba ayer Sanchis.
El gobierno de Ontinyent [formado por el PSPV-PSOE y Compromís, con apoyos puntuales de EU] dio luz verde a su decisión de pagar a los empleados su extra en la junta de gobierno del 26 de junio de 2013. Desde el ayuntamiento pensaron que las amenazas del gobierno central no pasarían la línea roja de la advertencia. Pero el 18 de julio la Delegación del Gobierno interpuso un contencioso contra el consistorio reclamando la ilegalidad de la medida.
