La juez de instrucción número 3 de Alcoy ha imputado al alcalde de Planes y diputado provincial de Medio Ambiente Javier Sendra y al concejal de Fiestas Vicente Catalá, por sendos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, por la muerte de un joven de 24 años durante la «plantà del xop» de 2012. La sala ha pedido a la Fiscalía y las acusaciones que se pronuncien por el sobreseimiento o formulen acusación, aunque todo apunta a que a que se abrirá juicio oral, según ha podido constatar este diario.
En el auto, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, la juez es concluyente a la hora de señalar que en la «plantà del xop» de 2012, «en cuya organización participaba el Ayuntamiento y pese al evidente riesgo que entraña la actividad festiva, por las autoridades competentes no se adoptó ningún tipo de medida de seguridad, no se diseñó ningún plan de prevención de riesgos ni tampoco se dotó a la celebración de dicho acto con la presencia de ambulancias, sanitarios ni tan siquiera efectivos de Policía Local (estos últimos llegaron después de producido el accidente) ni perímetro de seguridad alguno».
Asimismo, se entiende que hubo «falta de previsión por parte del Ayuntamiento en cuanto al riesgo inherente de la actividad» con «el izado de un árbol de más de 800 kilos, sujeto únicamente por cuatro cuerdas... y apoyado en unos troncos de madera». Más adelante, señala que el alcalde y el edil «han omitido cualquier tipo de diligencia mínima para la realización de una actividad peligrosa» y que «se desatendieron las disposiciones normativas en materia de espectáculos públicos y actividades recreativos».
Igualmente, la juez entiende que «el Ayuntamiento era consciente de que la actividad festiva era peligrosa, pues figura incluida dentro del seguro de responsabilidad civil concertado entre el Ayuntamiento y la aseguradora». Por este motivo, el Ayuntamiento y la aseguradora OCASO han sido declarados responsables civiles.
En las conclusiones, la juez sostiene que «la jurisprudencia considera que existe causa suficiente para exigir la responsabilidad civil de los organizadores del evento» y entiende que «puede apreciarse responsabilidad criminal en las personas del alcalde y el concejal de festejos», por lo que formaliza las imputaciones.
El homicidio por imprudencia grave está penado entre uno y cuatro años de prisión y es más que probable que se abra juicio oral, toda vez que las acusaciones particulares tienen previsto solicitarlo, como ha podido corroborarse tras consultar con fuentes cercanas al caso.
Recurso de Sendra
Javier Sendra anunció el viernes por la tarde que su defensa jurídica va a presentar un recurso ante el juzgado por disconformidad con la resolución. En las próximas semanas se sabrá si se abre juicio, se archiva o se practican nuevas pruebas.
