El promotor de un PAI reclama 4,3 millones tras la renuncia de Alzira a construir 780 casas y un hotel

El promotor del PAI de Sos, un programa urbanístico que diseñaba una macrourbanización con 780 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf en el valle de Aigües Vives, ha reclamado una compensación de 4,3 millones al Ayuntamiento de Alzira tras la renuncia de la corporación municipal a mantener este sector residencial en el nuevo Plan General de Alzira, según se desprende del acuerdo adoptado esta misma semana por el consistorio. El pleno cerró el expediente para resolver de forma definitiva la adjudicación del programa aunque, al mismo tiempo, decidió incoar un procedimiento incidental separado para determinar si procede el pago de alguna compensación ya que, según el informe elaborado por los técnicos, el promotor reclama 2,5 millones de euros en concepto de daños -los gastos que le ha supuesto la tramitación del programa durante más de ocho años- y 1.815.000 euros por el beneficio que habría dejado de obtener por la ejecución del PAI como indemnización por perjuicios. La suma de ambos conceptos se eleva por tanto a 4,3 millones.

Se da la circunstancia de que, hasta el momento, los primeros recursos del empresario contra la decisión del ayuntamiento de abandonar el PAI -debido a la negativa de la Conselleria de Territorio a autorizar esta área residencial- planteaban una reclamación económica de 1,8 millones de euros si el consistorio asumía la existencia de una responsabilidad contractual o, en su defecto, de 2,5 millones en concepto de responsabilidad patrimonial. La alegación que el consistorio se dispone ahora a resolver, sin embargo, suma ambos conceptos, según confirmaron fuentes municipales.

La corporación municipal acordó el martes por unanimidad, en el último pleno ordinario del año, rescindir de forma definitiva el contrato suscrito en su día con los promotores del PAI de la Finca de Sos y declarar la caducidad del programa. El acuerdo se producía apenas unas semanas después de haber recibido al aval del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, al que se había elevado una consulta tras un acuerdo provisional en este mismo sentido, que determinó que la renuncia a este programa por parte del Ayuntamiento de Alzira no es arbitraria sino que se deriva de la negativa manifestada por dos veces por la Generalitat, órgano que en última instancia tiene la competencia para aprobar el PGOU de Alzira y a autorizar la reclasificación del terreno.