Bosal no devolverá los 1,6 millones que recibió por ir a Sagunt pese a cerrar

La multinacional Bosal recibió por asentarse en Sagunt ayudas públicas de cerca de 269 millones de pesetas, más de 1,6 millones de euros que ninguna legislación le obliga ahora a devolver pese a cerrar esa planta dedicada a la fabricación de componentes del automóvil creada hace casi 30 años. La empresa, constituida en 1986 y que inició su actividad en la capital de El Camp de Morvedre en 1989, recibió esa subvención directa de la Generalitat Valenciana, que de esta forma financió una quinta parte de la inversión inicialmente prevista, que rondó los 1.345 millones de pesetas (8 millones de euros). Estas ayudas estuvieron acompañadas por exenciones fiscales y facilidades de crédito, como recoge la documentación de la época. Sin embargo, el portavoz del PSOE en la comisión de Industria de las Corts, Paco Toledo, confirmó ayer a este diario, que la multinacional no tendrá que reembolsar ni un céntimo y precisó que su grupo ya ha presentado una enmienda a la nueva Ley de Hacienda Pública, Sector Instrumental y Subvenciones para exigir esas devoluciones con intereses a las multinacionales que desinviertan en la Comunitat Valenciana.

Los socialistas defienden que esta medida se aplique de forma retroactiva para que afecte tanto a Bosal como a Galmed, planta de galvanizado que clausuró su fábrica de Sagunt hace más de un año también por motivos estratégicos de la empresa más que por los malos resultados económicos de la planta. «Los gobiernos deben tomar medidas urgentes y drásticas. Si no es así, estamos a merced de las grandes multinacionales. Y ya que el Gobierno valenciano está liderando la desindustrialización, por mucho que lo niegue el conseller „en referencia al titular de Economía, Máximo Buch„ debe ser pionera en la lucha contra ella», según Toledo.

Entre las propuestas realizadas por su grupo se encuentra la penalización económica a las empresas que se deslocalicen, la exigencia de la devolución con intereses de las subvenciones públicas que hubieran recibido y el establecimiento de un periodo de ocho años sin más ayudas de este tipo; todo un paquete de normas que se defenderían para su generalización en todo el Estado y en la Unión Europea.

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