Catarroja alquila un local a la cuñada de un edil del PP y le exime del pago del IBI y la tasa de basura

El grupo municipal socialista de Catarroja, a través de su portavoz, Alberto Gradolí, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra la alcaldesa popular Soledad Ramón y el teniente de alcalde Rafael Sanchis, por presuntos delitos de prevaricación, fraude y exacciones ilegales, así como negociaciones prohibidas a los funcionarios. La causa es contrato de alquiler del local donde se ubica el centro de especialidades médicas, que data marzo del año 2008.

Según la denuncia, el contrato se suscribió por el entonces alcalde, el fallecido Francisco Chirivella, con Josefa Cases Sanchis, que intervenía en nombre y representación de la mercantil Espacio Inmobiliario Levante, S.L., que aparecía como propietaria del local comercial situado en la calle Emili Ferrer i Gómez. Con todo, los socialistas indican que no fue hasta el día 10 de abril de 2008, cuando la mercantil adquirió el inmueble mediante compraventa en escritura pública, como consta en el Registro de la Propiedad. Además, la denuncia añade que Josefa Cases, que figuraba como representante legal de la citada mercantil, no fue nombrada administradora única hasta el 3 de abril de 2008.

En la denuncia se hace constar además que esta empresaria «es cuñada de quien en el momento de la firma del contrato era asesor liberado del Partido Popular, esto es del equipo de gobierno, y actualmente primer Teniente, Rafael Sanchis Muñoz» y que la la firma que actuó de intermediaria y cobró comisión, Hiper Nave S.L., es una sociedad unipersonal de Miguel Gómez Navarro, esposo de Cases. Si el contrato se firmó el 28 de marzo de 2008, la Resolución de alcaldía con las condiciones se rubricó tres meses después. El PSOE insiste además que «la adjudicación y suscripción del contrato de arrendamiento se llevó a cabo omitiendo los trámites esenciales» previstos por la ley, ya que ni salió a concurso, ni se justificó la necesidad de optar por la vía directa, ni hubo informes jurídicos o económicos que valoraba su idoneidad o precio.

Sobre el contenido del contrato, los socialistas ven irregular que se realizara por un período de 10 años cuando la resolución de alcaldía estableció plazo de un año prorrogable. Y también denuncian al Fiscal Anticorrupción la cláusula por la que «los impuestos, arbitrios, tasas, contribuciones» y otros gastos como los de comunidad, los pague el ayuntamiento.

La causa es que un informe del tesorero municipal de diciembre de 2013 estableció que la cláusula es nula de pleno derecho, dado que el Ayuntamiento de Catarroja no puede ser sujeto pasivo de los tributos municipales, así como tampoco procede ninguna exención, bonificación ni devolución al ser contrario al ordenamiento jurídicos.

Dos años de denuncias

Los socialistas de Catarroja recuerdan en la denuncia que llevan casi dos años solicitanto información sobre el expediente, denunciando irregularidades y pidiendo que se repararan, especialmente a raíz del informe del tesorero. Gradolí avisó de posibles acciones judiciales. Con todo, señalan que la única acción que llevó a cabo el gobierno local fue solicitar un informe a Secretaría. «Lo que el informe determina es que la ausencia de trámites de preparación del contrato de arrendamiento suscrito el 28 de marzo de 2008, trámites que se prevén en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas» lo que «supone que pueda encuadrarse como un supuesto de nulidad de pleno derecho».

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