La mujer que ocupó una vivienda en La Coma se encierra en el ayuntamiento tras ser desahuciada

La familia de Soledad Ceballos fue finalmente desalojada en la mañana de ayer de la vivienda social de la Generalitat Valenciana que ocupaba de forma indebida en el barrio de La Coma, ya que accedió a ella con las llaves de la casa tras fallecer la inquilina, pero sin el permiso de la Entidad de Infraestructuras EIGE, por lo que la juez ordenó su desahucio.

Soledad no se encontraba en el piso cuando llegaron numerosos policías para proceder al desahucio con la autorización judicial, ya que junto con sus hijos había pasado la noche en casa de sus padres, donde se encontraba más confortable debido a que uno de sus tres hijos estaba enfermo. La familia ya había ido recogiendo los enseres ante la inmediatez del desalojo, del que no se avisó a su abogado, según denunció la PAH, causando una «total indefensión».

«La policía me dijo que si no me iba me llevaban presa y me quitaban a mis hijos», declaraba ayer Soledad a Levante-EMV en el salón de plenos de Paterna, hasta donde se desplazó acompañada por miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Paterna y Valencia, así como por el portavoz de EU, Javier Parra, que exigía una reunión con la alcaldesa del PP, Elena Martínez, para que la mujer no se quedara en la calle y se le entregara una vivienda.

«Otros policías me han ayudado a bajar las cosas y han sido más humanitarios», añadía la afectada, que al cierre de esta edición mantenía su encierro en el ayuntamiento respaldada por miembros de la PAH, vecinos y concejales de EU y Compromís, cuyo portavoz Juanma Ramón criticó que se demuestra la falta de política de vivienda social del PP.

La alcaldesa explicó a este periódico que antes del desahucio de ayer se había concertado una reunión con la afectada para hoy mismo de cara a encontrar una solución que pasaría por que el padre de Soledad Ceballos recibiera las ayudas sociales ya que «sí que tiene acreditada una dilatada residencia en el municipio y puede ser legalmente receptor de las mismas si así lo refrendan los informes técnicos», porque la afectada sólo está empadronada en Paterna desde julio cuando llegó de Ciudad Real, por lo que al no cumplir un año de residencia, según la normativa vigente, no puede ser receptora de una vivienda social ni de subvención para el alquiler de una vivienda.

Martínez se reunió, junto con los técnicos de Servicios Sociales, con la afectada y la PAH para explicarles estas cuestiones y que hay otras familias que sí que tienen derecho a una vivienda social y están en lista de espera, por lo que el encierro «no iba a servir para presionar» al gobierno.