Sagunt acuerda con Arcelor que la Gerencia de Altos Hornos sea pública

El Ayuntamiento de Sagunt y ArcelorMittal han alcanzado un acuerdo para que el complejo de la antigua Gerencia de Altos Hornos del Mediterráneo (AHM) sea «definitivamente» municipal, según anunció ayer el alcalde, Sergio Muniesa, al resto de grupos políticos en el ayuntamiento en una junta de portavoces. A cambio de que esos más de 44.000 m2 pasen a ser públicos después de años de reivindicaciones y una operación urbanística fallida, el gobierno local proyecta ceder a la multinacional el derecho a construir 52 viviendas más en el contiguo PAI del Borde Sur, con cuyo desarrollo se dio por adquirida la Gerencia por parte del consistorio hasta que una sentencia lo tumbó.

El consenso ha llegado justo cuando el ayuntamiento estaba pendiente de saber si la Justicia admitía su recurso contra ese último fallo. Sin embargo, para que se haga realidad, los populares ya han pedido al PSOE municipal que acceda a otra pretensión de la multinacional: Que retire el contencioso administrativo que interpuso en su día contra el PAI del Borde Sur que el PP y los segregacionistas aprobaron en 2008 para así no dejar flecos, ni futuras sorpresas. Así lo confirmaron a Levante-EMV el PSOE municipal, resaltando que aún tienen que estudiar el asunto tanto con sus abogados, como el documento pactado entre el ayuntamiento y ArcelorMittal que recibieron ayer. Como señala su portavoz, José Luis Chover: «Nuestro objetivo al presentar aquel recurso era que se hicieran las cosas bien y la Generalitat expropiara el terreno, como se comprometió. Pero ya han pasado seis años, todo ha cambiado y hay que verlo», decía para luego añadir: «De repente, ahora parece que sí somos importantes en el ayuntamiento. Si antes de aprobar aquel PAI hubieran tenido en cuenta nuestros argumentos y los que hizo la entonces secretaria general del consistorio, advirtiendo que aquel acuerdo del PAI era ilegal „como luego ratificó la sentencia reciente„, no estaríamos así en estos momentos».

Muniesa evitó pronunciarse sobre ese asunto y destacó que el punto de encuentro entre las dos partes cumple tres objetivos: «La integridad de la parcela pase a ser pública, con lo que se convierte en un dotacional público en el que se elimina la posibilidad que se contempló en el plan general de ordenación urbana (PGOU) de 1992 de construir allí 300 viviendas; no representa una merma en la promoción de viviendas de protección pública, ya que el ayuntamiento cede el derecho para construir 52 viviendas pero mantiene los solares para edificar 216; se garantizan las obras públicas que se han ejecutado en el complejo, como el paseo, que ha dado una gran permeabilidad a ese espacio urbano, o el centro administrativo, además de mantenerse la reserva ferroviaria», decía.

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