Barajan imputar al chófer que «wasapeó» en el bus escolar por conducción temeraria

La Guardia Civil investiga si el conductor del autobús escolar del IES Sucro de Albalat de la Ribera que fue «cazado» en un vídeo por los alumnos mientras usaba el móvil y conducía el autocar que cubre la ruta de Llaurí, en el que transportaba a medio centenar de niños, cometió un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria.

La vía penal es una de las líneas de investigación abiertas por el destacamento de Tráfico de Alzira en colaboración con la Guardia Civil de Valencia y, de confirmarse este extremo, el conductor podría enfrentarse a una pena de seis meses a dos años de prisión además de la retirada del permiso durante seis años. Por contra, si se descartara la vía penal al valorar que los hechos no revisten la suficiente gravedad, se daría curso sólo a la vía administrativa por una infracción que, como mínimo supondría, una sanción de 200 euros y la pérdida de tres puntos del carné.

Las voces policiales consultadas explicaron que el vídeo con el que se ha destapado el caso se grabó el pasado otoño. Desde entonces, añaden, había ido circulando por los móviles, pero sin embargo no fue hasta el 15 de enero cuando los alumnos lo pusieron a disposición del director del centro, quien rápidamente alertó de lo que estaba sucediendo a la inspección educativa y a la empresa que presta el servicio, con sede en l'Horta.

El Consell descarta sanciones

El asunto llegó ayer hasta la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. La consellera de Educación, María José Català, confirmó que el Instituto de Albalat tuvo conocimiento del hecho el jueves 15 de este mes y un día después lo puso en conocimiento del inspector. Fuentes de conselleria añadieron a este rotativo que el día 16, viernes, se produjo una reunión con la UTE adjudicataria del servicio y como consecuencia el conductor fue fulminantemente despedido. Paradójicamente, esto contrasta con la versión ofrecida el jueves por la misma firma de transportes, que aseguró que el empleado ya no formaba parte de la plantilla desde hacía unos meses al habérsele acabado el contrato.

Por otra parte, la conselleria no contempla la imposición de sanciones a la empresa del autobús al entender que se ha actuado con «diligencia». «Que un trabajador haya podido cometer una infracción no es motivo para que se sancione a la compañía, que entendemos ha hecho lo correcto de forma rápida», indicaron ayer fuentes oficiales de Educación.

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