El futuro de las cooperativas no parece muy halagüeño si se cumplen algunas de las previsiones que maneja la ley estatal. La profesora de la facultad de Economía de la Universitat de València y experta en cooperativismo, Vanessa Campos, natural de Benifaió, y el catedrático de Administración y dirección de empresas de la Universitat de València y director del instituto de Economía Social y cooperativa, Joan Ramon Sanchis, han puesto de manifiesto el peligro que encierra la reforma legislativa en dos recientes conferencias en Alginet y Algemesí.
«A la Ribera le puede afectar con mucha intensidad», resume Campos, cuya tesis doctoral versó precisamente sobre la crisis que atraviesa la agricultura mediterránea. En esencia, la normativa española busca que el futuro de las cooperativas camine hacia la integración. Pero es una ley que nace sin el consenso del sector, que a los rectores de las cooperativas en la Ribera tampoco agrada y que, si se cumplen los pronósticos de estos expertos, caminará hacia la constitución de cooperativas de carácter supraautonómico, lo que dañará de forma irreversible la economía a escala local en muchos municipios. Localidades que tienen a la cooperativa como la principal empresa, como ocurre en la Ribera. En la misma situación están las cajas rurales. El Gobierno busca entidades de crédito más grandes en la segunda concentración del sector que ahora impulsa tras el rescate de las cajas de ahorro.
El profesor Sanchis propuso en Algemesí un modelo de banca «alternativa, solidaria y transparente que esté junto al agricultor y no contra él». En cuanto a las cooperativas, la filosofía de la ley estatal es crear «una entidad enorme para varias autonomías y eso significa que se cierren cooperativas en muchos pueblos», señala la profesora Campos. «Si se impulsan cooperativas suprautonómicas de forma automática las de muchos pueblos dejarían de existir y hay municipios en estos momentos donde la única empresa que tiene cierta actividad es la cooperativa, si se cierra, en muchos casos, adiós», sugiere la especialista. En juego están miles de puestos de trabajo.
Campos considera que tal como está planteado el entramado cooperativo valenciano y ribereño éste se enfoca a intentar frenar la fuerza que tiene la gran distribución en la fijación de precios, pero, de momento, sin éxito. Es la gran distribución la que pone los precios que se tienen que pagar por el producto agrícola porque es la que tiene el poder del mercado y los expertos consideran que hay que frenar esta práctica.
