La entidad Acuamed ha ratificado que los convenios firmados obligan a cinco ayuntamientos de Castelló a comprar agua de las desaladoras de Moncofa y Orpesa y comenzar a pagar plazos las instalaciones cuando entren en funcionamiento antes de finales de 2015. Esta exigencia podría poner en jaque la situación económica de las entidades locales, que ya han reiterado que no quieren el agua desalada porque no podrán asumir el coste.
El desacuerdo sigue dejando en la incertidumbre el futuro de las dos desladoras y el reloj corre cuenta atrás tanto para los municipios como para Acuamed (dependiente del Ministerio de Medio Ambiente), que está obligada a poner en funcionamiento las desaladoras antes del 31 de diciembre de 2015 para no tener que devolver 35 millones de euros obtenidos de subvenciones de la Unión Europea (17,2 millones en la de Orpesa y 17,9 en la de Moncofa), cuyo retorno sería exigido si en dicho plazo las instalaciones no se encuentran en funcionamiento.
Acuamed alega además que la propia legislación europea obliga a que los municipios costeen la infraestructura y subraya que los ayuntamientos se comprometieron a ello. «Los ayuntamientos firmantes de estos convenios acordaron en su momento convertirse en usuarios de las infraestructuras. Como usuarios, deben abonar -una vez las plantas entren en servicio- una doble tarifa para cubrir los costes de amortización y explotación de las plantas, bajo el principio de repercusión real de los costes incurridos, en línea con lo establecido en la Directiva Marco del Agua de aplicación en la Unión Europea».
La oposición de los ayuntamientos persiste desde hace dos años, pese a que en su momento firmaron los convenios con Acuamed subiéndose al auge de la burbuja inmobiliaria en su deseo de cumplir los requisitos legales de abastecimiento de agua para poder desarrollar nuevas urbanizaciones -proyectos que finalmente en su mayoría fueron paralizados por la crisis. Casi una década después, los consistorios se declaran insolventes para asumir la compra del agua y la financiación de las plantas desaladoras, con riesgo incluso de caer en una situación contable crítica.
Con todo, el ministerio sigue determinado a que sean los ayuntamientos los que carguen con el coste de las dos macroinfraestructuras que han costado 57 y 51 millones de euros respectivamente (un total de 108 millones de euros).
Así, según Acuamed, los ayuntamientos supuestamente receptores de las aguas (Moncofa, Xilxes, Benicàssim, Orpesa y Cabanes) no tendrán más remedio que asumir en virtud de los convenios firmados con el Gobierno un coste de 73 millones de euros a pesar de que las infraestructuras seguirían siendo titularidad del Estado. La respuesta del Gobierno lo indica textualmente: «las cantidades que tendrán que abonar para amortizar la construcción de la desaladora será el coste total de la inversión descontando las ayudas europeas».
Otra incógnita que Acuamed se niega a desvelar es cuál será el precio final que deban pagar los ayuntamientos y usuarios del agua. «Los precios finales del agua desalada se obtienen en aplicación de las tarifas antes indicadas, ajustándose a las inversiones reales, y se calculan en función de los costes de producción (incluida la inversión total final) de las plantas.
Por ese motivo los convenios firmados no incluyen los precios finales en términos monetarios concretos, sino que, simplemente, concretan la metodología para el cálculo de las tarifas. En el caso de Oropesa y Moncofar todavía no se han realizado esos cálculos, al no haber entrado en servicio».
Aún sin declaración ambiental
Acuamed admitió ayer que las desaladoras de Orpesa y Moncofa (que según el ministerio se encentran finalizadas y en fase de pruebas desde 2012) aún siguen pendientes de la Autorización Ambiental Integrada, porque las conducciones de la desaladora de Orpesa hacia Benicàssim están en construcción.
