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Tribunales

Investigan si el recaudador de Foios malversó más de 200.000 euros del impuesto de plusvalías

El consistorio está auditando las cuentas y ha denunciado al funcionario, que ya ha declarado ante el juez y está suspendido de funciones

Investigan si el recaudador de Foios malversó más de 200.000 euros del impuesto de plusvalías

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Moncada investiga al funcionario del Ayuntamiento de Foios encargado de cobrar, entre otros, el impuesto sobre el incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana (o de plusvalías) tras haber sido denunciado por el propio consistorio por un presunto delito de malversación de caudales o efectos públicos. El ayuntamiento que preside Héctor Bueno presentó la denuncia a raíz del expediente disciplinario abierto en 2014 por el gobierno municipal „e instruido por otro funcionario municipal„ que concluyó en la «existencia de irregularidades realizadas en la gestión» por parte del funcionario Rafael R. que habría cobrado a varios contribuyentes «en efectivo» pese a estar prohibido hacerlo de esta forma, y no haber ingresado posteriormente el dinero.

El alcalde Héctor Bueno aseguró ayer a Levante-EMV que, según los datos obtenidos de momento por la auditoría de las cuentas iniciada a raíz de las conclusiones de este expediente, desde 2011 el ayuntamiento habría dejado de ingresar unos 200.000 euros del impuesto de plusvalías a consecuencia de la actuación de Rafael R., «aunque suponemos que podría ser más», añadió el regidor popular. Este periódico ha podido saber que la investigación sobre la actuación de Rafael R. sigue abierta, que el funcionario ya ha declarado ante el juez (lo hizo el pasado 5 de febrero) y que en la actualidad se encuentra suspendido de sus funciones indefinidamente.

La investigación municipal que dio paso a la denuncia, y de esta a las diligencias judiciales, se remonta a mayo de 2014 cuando una vecina de la localidad acudió al ayuntamiento para pedir el recibo por el pago de 1.240 euros que había hecho en metálico al recaudador municipal por el impuesto de incremento de valor de los terrenos. Tras ser advertida de que este pago no se hacía de forma directa en las oficinas municipales, y declarar la mujer que sí lo había hecho y que había entregado el dinero a Rafael R., el 15 de mayo de 2014 la secretaria y la interventora municipal realizaron un informe señalando que, si se confirma lo que aseguraba esta contribuyente, el funcionario habría incurrido en una infracción de «alcance o malversación de caudales o efectos públicos», por lo que debería iniciarse un expediente y ponerlo en conocimiento del Tribunal de Cuentas, del Ministerio Fiscal y del juzgado de Primera Instancia de Moncada.

Al día siguiente, 16 de mayo, y a petición del alcalde, la tesorería municipal comprobó que, efectivamente, en las cuentas bancarias del ayuntamiento «no existe ningún ingreso» por el importe de 1.240 euros que la vecina declaró haber pagado en efectivo al recaudador. Pero apenas dos semanas después, el 30 de mayo, la tesorera comprobó que esos 1.240 euros ya habían sido ingresados en la cuenta municipal desde el mismo ayuntamiento.

Tras comprobar estas supuestas «irregularidades» en el cobro del impuesto de plusvalías, y después de que las habilitadas nacionales advirtieran de que ello podría ser fruto de un «alcance o malversación de caudales públicos» por parte del funcionario encargado de tramitar los cobros, el 4 de junio de 2014 la Junta de Gobierno Local incoó expediente disciplinario para comprobar si las supuestas irregularidades eran reales y sin se había producido un daño en el patrimonio de la administración.

Para hacer nuevas comprobaciones, el instructor del expediente entrevistó un matrimonio de contribuyentes que declaró haber pagado 618 euros del impuesto «en efectivo» (sin saber que esta forma de pago no estaba permitida) al recaudador. El 14 de julio la técnico de gestión comprobó que esta liquidación no sólo había sido incorrecta por haberse abonado en efectivo, sino que además se había calculado erróneamente y aún tenían que pagar 1.331 euros más.

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