El Juzgado de Moncada ha abierto una investigación a dos bandas en relación a las imágenes captadas por una cámara de seguridad en la empresa municipal de Alboraia, Egusa. Tal como publicó este periódico, en aquella grabación de un domingo de septiembre de 2011 se veía entrando en la sede de la firma, y saliendo cuatro horas después, a siete personas, tres de ellas (los tres regidores de UPPA) eran miembros del entonces equipo de gobierno cuatripartito. Y, como relató también este periódico, aquella grabación fue llevada ante la Guardia Civil por el actual presidente de la empresa para que averiguara si pudiera tener relación con una posible sustracción de documentos oficiales.
Por una parte, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Moncada abrió el 20 de mayo diligencias previas por una querella del exalcalde, y entonces portavoz del PP, Manuel Álvaro contra la exteniente de alcalde Mamen Peris (UPPA) por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos y presunta prevaricación administrativa. Y, por otra, el juzgado número 1, también de Moncada, ha abierto diligencias previas tras la denuncia de seis de las siete personas que aparecen en el vídeo contra Manuel Álvaro por los supuestos delitos de descubrimiento y revelación de secretos al hacer público el contenido de aquel vídeo en una rueda de prensa e identificar a las personas que aparecen en él.
Algunas fuentes han asegurado que el juzgado número 1 ha unificado ambas causas, al estar las todas las denuncias relacionadas con el mismo asunto, aunque este periódico no ha podido confirmar la información. De momento Levante-EMV ha podido saber que el número 4 citó a declarar como testigo al expresidente de Egusa, Carlos Corella, que también aparece en el vídeo, pero no a Mamen Peris.
Cabe recordar que el primero en llevar ante la justicia aquella grabación del 4 de septiembre de 2011 no fue Álvaro sino el presidente de Egusa, Agustí Martí, que entregó el vídeo a la Guardia Civil para que investigase «si se hubiesen podido sustraer o destruir documentos» por parte de las personas que aparecen en él, o «se hubiese producido el acceso a los mismo de personas no autorizadas». Aquella denuncia fue archivada por el juzgado número 2 de Moncada al ser de «autor desconocido». Tras este archivo, fue Álvaro el que a finales de marzo se querelló contra Peris.
