El exalcalde de Pego, Carlos Pascual, no deja atrás sus problemas con la justicia. Ahora será juzgado en la Audiencia de Alicante por un delito de prevaricación que supuestamente cometió en 2003, cuando autorizó el pago de 399.821 euros a una empresa para limpiar los arrozales del parque natural del Marjal de Pego-Oliva.
Condenado en enero de 2004 por delito ecológico a seis años de cárcel, el exmunícipe se enfrenta ahora a una petición de nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público. Pascual también arrastra otra condena de cuatro años y medio de prisión por agresión al jefe de la policía local. Desde abril de 2013, disfruta de un régimen de semilibertad al pasar al tercer grado tras cumplir una cuarta parte de la pena.
La fiscalía sostiene ahora en su escrito de acusación que en 2003 el entonces munícipe ordenó el pago de facturas de limpieza del marjal «a sabiendas» de que cometía una ilegalidad, dado que no había contrato ni consignación presupuestaria y tampoco proyecto ni memoria de obras. Los arrozales no eran propiedad municipal. La competencia para limpiarlos era de la comunidad de regantes
