Investigan si el alcalde de Mislata tuvo un trato arbitrario con un policía local

El juzgado, tras recibir la querella, la ha admitido a trámite y ha incoado diligencias de investigación al ver que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa y lesiones, según consta en el auto al que ha tenido acceso Europa Press.

El querellante fue detenido en febrero de 2014 junto a otros tres compañeros acusados de un delito de falsedad documental por poner multas supuestamente falsas. El primer edil suspendió de empleo a tres de ellos --uno de los cuales es el querellante--, mientras que permitió a otra agente seguir trabajando, según su versión.

A lo largo de este procedimiento, al querellante y a la agente que siguió trabajando, se les archivó la imputación al entender que no quedó suficientemente acreditada la participación de ambos en la comisión del delito denunciado, atendiendo fundamentalmente a los informes periciales caligráficos, que indicaban que no era posible dictaminar sobre la autoría de las firmas atribuidas a los dos policías. El procedimiento siguió adelante para el resto.

El agente alega en su escrito que tras la detención, "sin haber practicado ninguna diligencia de investigación en vía administrativa, y únicamente tras tener conocimiento de la imputación", se incoó un expediente contra él y se le suspendió cautelarmente de sus funciones mediante Decretos de Alcaldía.

En la querella señala que en idéntica situación procesal --imputada-- que él se encontraba otra agente de Policía y, sin embargo, "ésta no fue suspendida de sus funciones mientras duró la imputación en el procedimiento penal", que fue archivado también para ella.

El querellante, representado por el abogado Mario Gil, atribuye este comportamiento del alcalde contra él a que éste es "perfecto conocedor" de que es afiliado al PP, y considera que el hecho de haberle suspendido "ha tenido como principal motivo ser represaliado precisamente por esa condición política".

Según expone en su escrito, esta situación le generó una situación de "ansiedad" y "desasosiego", "como a cualquier persona suspendida de empleo y sueldo, al carecer de los ingresos que percibía con anterioridad". Ello, "junto al descrédito a nivel social y laboral", le ha obligado a recibir tratamiento médico, expone. Como consecuencia de estos hechos, el agente sufre lesiones de carácter psíquico y se encuentra de baja laboral.

Campaña contra el ayuntamiento

El Ayuntamiento de Mislata, gobernado por el socialista Carlos Fernández-Bielsa, ha acusado este domingo al PP de "utilizar a funcionarios públicos para desprestigiar al alcalde" y ha calificado la denuncia al primer edil por parte de un agente de la Policía Local de "persecución política".

Así lo ha señalado en un comunicado la portavoz socialista, Mª Luisa Martínez, que ha asegurado que no tolerarán "denuncias falsas" y anuncia acciones judiciales contra sus responsables", tras conocerse que un juzgado de la localidad investiga la querella interpuesta por un policía local contra el alcalde, al que acusa de darle un "trato arbitrario" por estar afiliado al PP.

Este agente denunció que el primer edil le suspendió de empleo y sueldo tras ser detenido por supuestas multas falsas en una causa que le fue archivada, mientras que otra compañera suya que también fue arrestada, siguió trabajando y cobrando.

Martínez considera que este es "un nuevo intento de desprestigiar la imagen y la labor del alcalde de Mislata por parte del Partido Popular, utilizando a funcionarios públicos para tal fin". "Desconocemos si el agente milita en el PP, pero en cualquier caso no vamos a tolerar denuncias falsas", ha dicho, por lo que ha avanzado que pondrán el asunto en manos del servicio jurídico municipal "para que se exijan responsabilidades a quienes utilizan la justicia con el único fin de engañar y mentir a la ciudadanía".

Ha recordado que esta denuncia se hizo pública el 21 de mayo, tres días antes de las elecciones municipales, "con el único propósito de manchar la imagen del alcalde", pero la ciudadanía de Mislata "ya se pronunció el 24 de mayo sobre esta estrategia política del PP de Mislata, dando al socialista Carlos Fernández Bielsa un triunfo histórico con el 60% de los votos y 14 concejales".

Sobre los hechos a los que se refiere la denuncia, la portavoz municipal ha explicado que tienen su origen en la detención del agente como consecuencia de una denuncia interpuesta por un ciudadano de Torrent ante el Juzgado de Instrucción de Mislata por supuestas denuncias de tráfico falsas por parte de la Policía Local de Mislata.

Este juzgado, tras las investigaciones previas, ordenó la detención de cuatro agentes de la Policía Local de Mislata, entre los que se encontraba el denunciante, quienes fueron llevados al calabozo y puestos a disposición judicial.

Tras la detención y declaración de los agentes, que se acogieron a su derecho a no declarar, Martínez ha recordado que la jueza emitió auto de libertado condicional con cargos por un delito de falsedad documental, y dictó medidas cautelares y ordenó a los detenidos, agentes de la policía local, a personarse en la sede judicial los días 5 y 20 de cada mes.

En base a la notificación del juzgado y a la gravedad de los hechos, el secretario municipal emitió un informe jurídico, en base a situaciones idénticas en otros cuerpos policiales, donde se recomendaba la apertura de expediente administrativo y medida cautelar de suspensión de empleo y sueldo hasta la resolución judicial.

Los agentes de la Policía Local detenidos e imputados siguieron percibiendo el 80% de las retribuciones básicas, tal como establece el propio ordenamiento jurídico. La portavoz municipal ha destacado que en diciembre de 2014 la jueza dictó auto de sobreseimiento provisional respecto del agente denunciante "y ese mismo día el alcalde ordenó mediante decreto la reincorporación inmediata del agente suspendido cautelarmente".

"El caso de la compañera a la que alude el denunciante es distinto al de los cuatro agentes, ya que ella no fue detenida por la Policía Nacional, sino simplemente llamada a declarar. Además, ni se le impusieron cargos ni figura su nombre en el auto notificado por el juzgado al Ayuntamiento", ha agregado.

Por ello, considera que la denuncia interpuesta contra el alcalde no se fundamenta en una determinación "arbitraria", sino "en el trámite ordinario de carácter jurídico tras la comunicación efectuada por el Juzgado de Mislata al Ayuntamiento, y el aval legal del informe jurídico del secretario del Ayuntamiento de Mislata y la funcionaria jefa responsable de personal".