Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que el pasado 9 de junio irrumpieron en el despacho del alcalde de Gandia, Arturo Torró, para requisar documentos de la llamada Operación Púnica, no solo solicitaron contratos y facturas de empresas de Alejandro de Pedro, uno de los implicados en esta trama presuntamente corrupta.
La Guardia Civil también pidió los contratos firmados por valor de cerca de 600.000 euros y adjudicados a una empresa gandiense denominada Construcciones Gomuñoz. Este hecho situaría a esta mercantil en las investigaciones abiertas por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, para aclarar si hubo desviación de dinero público hacia intereses privados.
Los agentes de la UCO no iban mal encaminados. Torró sí tenía contratos con Construcciones Gomuñoz, y en todos los casos se trataba de adjudicaciones realizadas «a dedo». Contratos menores u otorgados mediante el procedimiento negociado sin publicidad. En ambos casos se trata de un sistema con menos garantías de transparencia que cuando un concurso de obras o de servicios sale a subasta pública con toda la documentación encima de la mesa.
Arturo Torró ocultó este hecho a la prensa. El exalcalde no dijo toda la verdad cuando Levante-EMV le preguntó si la Guardia Civil había solicitado contratos o facturas de empresas diferentes a las administradas por Alejandro de Pedro. Él respondió que no,.
Hacia la Audiencia Nacional partió un contrato menor de marzo de 2014 por valor de 60.000 euros para el mantenimiento de los colegios públicos de Gandia. Otro de idéntica cantidad firmado en febrero del mismo año para reparaciones menores en las calles de Gandia. Y un tercero de mayo de 2014 valorado en más de 57.0000 euros.
